La nueva reforma de la Ley de Caza impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pasado este martes su último trámite en el Poder Ejecutivo y ha recibido el último visto bueno necesario por parte del Consejo de Gobierno, por lo que será presentada en el Parlamento regional para su debate por los grupos parlamentarios, con la previsión de que se someta a votación final antes de que finalice el primer trimestre de 2018.
Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno autonómico, Francisco Martínez Arroyo, quien ha pedido a los tres grupos parlamentarios que apoyen este Proyecto de Ley para su aprobación por unanimidad.
Martínez Arroyo, que ha agradecido el «esfuerzo» a asociaciones cinegéticas y ecologistas en un documento que «no es del agrado al cien por cien de todas ellas».
«Creo que ese consenso con un proyecto de ley mejor que el actual se ha conseguido gracias a las reuniones de los últimos dos años, con una interlocución inigualable», ha celebrado el consejero, que hecho extensivo su agradecimiento a las asociaciones que rechazaron la anterior ley.
La caza, ha dicho, factura 600 millones de euros en la región, algo que quedará plasmado en un informe específico que se está elaborando desde su departamento.
La importancia de esta ley radica, según Martínez Arroyo, en el fomento de la caza social, con licencias de caza gratis para jubilados, ayudas a los cotos sociales en pueblos, fin de la caza con lanza de jabalí, recuperación de la perdiz roja –con un plan reinserción de la especie que verá la luz en 2018– y reducción de la incidencia de cebos envenenados sobre especies amenazadas. «Caza social, frente a caza intensiva», ha resaltado.
MÁS OBJETIVOS
Otro objetivo de esta ley es que en aquellos cotos de caza menor en zonas sensibles medioambientalmente hablando será necesario un informe de impacto sobre los recursos naturales, «algo totalmente novedoso». Además, se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos.
La reducción de tramas burocráticas para el desarrollo de la actividad –el tercero de los objetivos– es algo que tal y como ha asegurado Martínez Arroyo conseguirá la nueva normativa, extremo «muy importante sobre todo en Cuenca y Guadalajara».
La utilización de senderos en el medio rural para actividades como la recogida de setas se verán más protegidas frente a la caza, algo que según ha dicho no ocurría con la ley vigente impulsada por el PP en la pasada legislatura.
«Sobre este punto ha habido un consenso absoluto, también de los cazadores», ha acentuado Martínez Arroyo, quien ha considerado que esta nueva ley «beneficiará no sólo a cazadores, sino al conjunto de la ciudadanía aunque no les guste la caza».
En este punto, ha hecho una defensa del papel de los Agentes Medioambientales, que si bien «no son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», serán «los agentes de la autoridad» que velarán por el cumplimiento del nuevo texto en el campo castellano-manchego.
