El Grupo Parlamentario Popular y el de Podemos han vuelto a aliarse para pedir al Gobierno regional que retire los restos de amianto que hay en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia. De su lado, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que será la Comisión Técnica creada en el Ayuntamiento de Toledo para abordar este asunto, y en la que está representada la Administración regional, la que ha de determinar las acciones a seguir.
El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha reprochado al Ejecutivo regional no haber dado cumplimiento a la resolución aprobada el pasado mes de mayo en las Cortes, en la que se le instaba a retirar dichos residuos, al tiempo que ha dado la bienvenida a la preocupación de los ‘populares’ por este asunto, cuando no hicieron nada la pasada legislatura.
«Están lejos de solucionar el problema. Es difícil que nos fiemos de ustedes. Nos están pidiendo un acto de fe», ha denunciado Llorente, quien ha acusado al Ejecutivo de iniciar la retirada de residuos en plena campaña electoral, y de hacerlo de forma «chapucera y sin las medidas de protección necesarias», sometiendo tanto a los vecinos del barrio como a los trabajadores a riesgo, pues se «levanto una nuble blanca de amianto».
«Después de esta chapuza, ni siquiera la parcela de la Junta ha quedado limpia. Se ha detectado otro vertido más grande que el retirado y se ha malgastado dinero público en una operación de marketing electoral que les ha salido mal», ha lamentado.
«Todavía hay 8.000 metros cúbicos de amianto en el Polígono a 300 metros de viviendas. Se ha retirado un mínima parte y se ha hecho mal. Es la Junta la que está generando alarma entre los vecinos con su actuación irresponsable», ha criticado Llorente, que también ha afeado la actuación llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que sólo ha provocado una mayor contaminación en el Arroyo Ramabujas.
Por ello, tal y como recoge la propuesta de resolución que ha visto la luz al ser apoyada por el Grupo Popular, ha reclamado al Gobierno regional que cumpla la resolución aprobada en sede parlamentario el pasado mes de mayo y que empiece a realizar un plan de inspección de zona, para que técnicos responsables determinen la cantidad de amianto que hay en ella, y lleven a cabo un trabajo serio, salvaguardando a trabajadores y población y evitando, sobre todo, que haya dispersión de fibras de amianto en el aire.
Así las cosas, ha finalizado, pidiendo que se proceda a la retirada completa de residuos, incluidos los que están en finca privadas, y que se persiga a los culpables para hacerles pagar, informando en todo momento a los ciudadanos y dándoles seguridad y tranquilidad.
PLAN ESTATAL
De su lado, la responsable del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Torralba, tras admitir la dificultad de detectar y retirar el amiento, presente en muchos lugares y materiales, ha reclamado un plan nacional que determine en qué lugares está presente y acometa las actuaciones pertinentes de retirada.
Es por ello que Torralba ha precisado que el problema del amianto no se limita solo al barrio toledano, si no que afecta a todo el país, al tiempo que ha defendido la gestión que la Administración regional está llevando a cabo de este asunto, ignorado en la anterior legislatura del PP.
La diputada conquense, que ha insistido en que la concentración de amianto en este barrio no conlleva riesgo para la salud, por su baja incidencia, ha señalado que es la Comisión creada para tal fin en el Ayuntamiento de Toledo la que debe proponer soluciones.
«Es el productor o el poseedor el que debe hacerse cargo de la retirada de residuos», ha defendido Torralba, que ha indicado que el Gobierno regional ya ha exigido a los propietarios que resuelvan el problema de sus parcelas y ha abierto expedientes sancionadores, porque la administración publica no puede asumir el coste de las negligencias de otros.
Dicho esto, ha concluido acusando a Podemos de alarmar a la ciudadanía por «rentabilidad política», pues ha desmentido que cuando se acometieron las labores de limpieza, el pasado mes de junio, se liberaran partículas de amianto. Por ello, ha finalizado mandando un mensaje de tranquilidad a los vecinos pues el problema está en manos de especialistas.
RIESGO EXISTENTE
De su lado, la parlamentaria del Grupo Popular, Carolina Agudo, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page de no dar información sobre este asunto ni cuando era alcalde de la capital regional ni como presidente, lamentando que en lugar de aportar soluciones inmediatas «siga de brazos cruzados».
«Para los responsables socialistas los restos de amianto no entrañan un problema para la salud, pero haberlos haylos y mientras sigan en suspensión en el aire el riesgo sigue existiendo», ha afirmado.
«Los firmes defensores del Tajo han permitido que se vierta amianto al río», les ha afeado Agudo, que ha pedido al Ejecutivo autonómico, tal y como rezaba la propuesta de resolución aprobada este jueves, que apruebe el plan necesario para la retirada y eliminación de forma inmediata de los restos, tanto los que están en suelo pública como en parcelas privadas.
COMISIÓN TÉCNICA
Mientras, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Guijarro, ha indicado que esta cuestión del amianto es eminentemente técnica pero no política y se ha de abordar, por tanto, en los foros constituidos con perspectiva técnica, como la Comisión del Ayuntamiento de Toledo.
Es por ello, que ha defendido que el Gobierno regional está a la espera de que sea dicha Comisión la que adopte resoluciones técnicas, advirtiendo de que su departamento no va a tomar decisiones que puedan ser «imprudentes o arriesgadas».
A renglón seguido, ha defendido que la retirada de los restos de amianto llevadas a cabo por el Gobierno regional el pasado mes de junio se hizo de forma «correcta» y no provocó una nube de amianto como ha asegurado Podemos, pidiéndoles los informes en los que se basan para realizar esas manifestaciones.
Es por ello que ha tildado las manifestaciones de Podemos de «grave irresponsabilidad», pidiendo no crear alarma social, pues ha asegurado que las emisiones realizadas demuestran que la existencia del amianto en esta zona no provoca riesgo para salud.
