Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la región, cuyo objeto es regular, en desarrollo de la legislación básica estatal, el régimen de publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública por la ciudadanía, así como los principios y reglas relativas al buen gobierno y al gobierno abierto.
Esta ley responde al cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el Grupo Parlamentario Podemos, según ha recordado el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en el pleno de las Cortes.
La ley regula los denominados grupos de presión, lo que se conoce como ‘lobby’. Estos grupos deberán inscribirse obligatoriamente en un registro cuya creación está prevista en esta ley. Su incumplimiento se tipifica como infracción, según ha detallado el vicepresidente.
Asimismo, entre otras cuestiones, esta ley impone a la Administración regional y a su sector público la obligación de dar publicidad detallada sobre todas las cuentas bancarias de las que sea titular. Además, serán objeto de publicación los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.
Igualmente, los altos cargos y asimilados tendrán que presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno cuya vulneración está prevista como infracción administrativa.
Como órgano independiente se creará el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha.
