Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que se comunicó el pasado viernes, obliga a la Diputación provincial de Ciudad Real a cesar a ocho asesores que ocupan los puestos de jefe de Gabinete de Presidencia, secretaria del Gabinete de Presidencia, conductor de Presidencia, asesor de Presidencia; además de dos asesores adscritos al Grupo Socialista y otros dos al Grupo Popular.
Según el auto , la Institución provincial ha de proceder al cese inmediato de este personal eventual, «entendiendo inmediato en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de este auto», para dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano el pasado mes de octubre de 2014 en el que se anulaba el acuerdo de Pleno por el que se creaban estas plazas.
Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se produce después de que la Sección Sindical de Comisiones Obreras de la Diputación provincial de Ciudad Real registrara un escrito el 5 de noviembre instando a que se ejecutara la sentencia, pero la institución provincial se opuso alegando que se había interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo refiere que, siendo la sentencia del Alto Tribunal castellano-manchego firme y después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite los recursos que presentó la Diputación, «el artículo 56.1 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados, por lo que deberá procederse al cese inmediato de los ocho funcionarios» y «dicho cese deberá comunicarse a la Sala con la pertinente resolución en el plazo de 10 días a partir de la fecha del acto que lo acordó».
Tras conocerse este auto, la secretaria de Organización del PSOE de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha dicho no entender esta decisión cuando este personal existe en todas las administraciones –desde las diputaciones al Gobierno central, pasando por los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos– y es una figura regulada jurídicamente.
«Me cuesta entender cómo personal que existe en todas las administraciones, y que está regulado por ley, no puede existir en la Diputación de Ciudad Real, es algo que no puedo comprender y que me lo tendrán que explicar muy despacito», ha señalado a preguntas de los periodistas.
