La Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real (APTCR) y la Federación Intersectorial de Autónomos de Ciudad Real CEAT Ciudad Real, integradas en FECIR, quieren poner de manifiesto, de nuevo, su malestar y denuncia ante la previsible liberalización del taxi, lo que supondría un grave perjuicio económico, en una situación aún muy complicada para el gremio.
Los taxistas de la provincia, -la práctica totalidad de ellos son autónomos-, muestran su rechazo al dictamen emitido por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) sobre la nueva ordenanza municipal del taxi en Córdoba, que supone la liberalización del mismo al derogar 14 artículos.
Ante este tipo de hechos ha habido distintas concentraciones en Málaga y Córdoba del sector a nivel nacional, -donde participó APTCR y la Federación Regional de Taxi junto con CEAT CR-. En este sentido, tanto la Asociación Provincial como CEAT, van a seguir defendiendo que no sea una realidad dicho dictamen.
El presidente de CEAT Ciudad Real, Miguel Angel Rivero, ha manifestado que este tipo de medidas no las van a permitir y como máximo representante de los autónomos de la provincia, van a ir, junto con APTCR, a cuantas instancias sean necesarias para hacer frente a una decisión injusta, además de planificar otras acciones más drásticas. Rivero ha comentado que pone a disposición de APTCR todo su equipo profesional para luchar contra esta decisión, que podría traer consigo, que se tomara y aplicara en otras ciudades españolas.
CEAT y APTCR pretenden la defensa de la profesión, de un colectivo que ha realizado durante años un excelente trabajo. Con dicho dictamen serían alrededor de 100.000 familias las afectadas en toda España, además de derogar una normativa que es similar en toda Europa.
Así, cualquier persona o empresa puede operar en una ciudad, considerando que las tarifas oficiales sólo sirven como tope máximo de forma que cada profesional pueda rebajarlo en forma de descuentos o suprimiendo el sistema de cupos vigente para dejar la puerta abierta a nuevas licencias Esto significaría, para el presidente de APTCR, Manuel García, poner en peligro la calidad y seguridad de un servicio público.
Por todo ello, piden la intervención de cuantas administraciones sean precisas, para que esta decisión no sea expansiva en el resto del país, así como una comisión de seguimiento si así fuera necesario.
