El pleno de las Cortes autonómicas ha dado este jueves su visto bueno, con los únicos votos del PP, a la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha que garantiza que los niños y jóvenes reciban la atención necesaria y da cobertura a las «carencias» de la ley actual, que data de 1999.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que ha agradecido la labor de todas las personas que han participado en esta «nueva herramienta» –en la tribuna había representantes de unas 40 asociaciones– que ha definido como un «texto moderno» y «necesario», que da «respuesta a problemas actuales y anticipa y resuelve las cuestiones que actualmente se plantean en el ámbito de la infancia y la juventud».
Echániz también ha reseñado, en respuesta a los socialistas, a quienes ha acusado de no ver «nunca nada ni pertinente ni necesario», que no deben preocuparse por «potenciales modificaciones» de la ley nacional, porque la norma del Estado «va a ir por aquí». Finalmente, ha pedido el apoyo del PSOE a una ley que es «técnica» y «nada ideológica».
En el mismo sentido se ha pronunciado la defensora del dictamen del Proyecto de Ley, Pilar Martínez, que ha mostrado el rechazo del PP a las 40 enmiendas del PSOE que quedaban ‘vivas’ para su debate en pleno al considerarlas «incoherentes» e «innecesarias», ha indicado que «cuanto antes» puedan «dar respuesta a los problemas de la infancia» mejor.
La diputada del PP Martínez ha recordado que la Ley pretende renovar el marco normativo de la protección jurídica para adaptarlo a las necesidades actuales de las familias, establecer medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los menores castellano-manchegos y definir y delimitar las instituciones de protección.
Igualmente, el texto busca favorecer medidas alternativas al internamiento en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores sin factores, favorecer la colaboración de la Administración regional con la Fiscalía, fomentar el acogimiento familiar y crear un régimen sancionador «más eficaz que conlleve sanciones accesorias a las tradicionales multas pecuniarias».
«Ley de cartón piedra»
Matilde Valentín, en defensa de las enmiendas de su grupo, ha incidido en que el Consejo Consultivo ha advertido de los «problemas de seguridad jurídicos y posibles supuestos de inconstitucionalidad sobrevenida que podrían darse si se aprobase la ley autonómica con anterioridad a la ley estatal», que ya se está tramitando.
Dicho esto, la parlamentaria socialista ha apuntado que la ley «no aporta nada nuevo, ni mejoras ni programas, ni presupuesto», y que este Proyecto de Ley «de cartón piedra» obedece más a criterios ideológicos «e incluso religiosos» que a las necesidades reales de los menores.
