El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de ley de Caza de Castilla-La Mancha, “una norma que tiene carácter social, puesto que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y, además, garantiza la conservación de la naturaleza y la mejora genética y sanitaria de las especies”.
Según ha informado en rueda de prensa Leandro Esteban, la nueva ley “simplifica y agiliza los trámites administrativos, adapta la actividad cinegética a la realidad social y económica de la región, y presta especial atención a la conservación del medio natural y al aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos”.
Asimismo, el portavoz del Gobierno ha resaltado la importancia económica que tiene la actividad cinegética en nuestra región. “La caza en Castilla-La Mancha es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo, por lo que tanto merece una especial atención, como la que el Gobierno de Cospedal propone con esta normativa”, ha aseverado.
Novedades de la nueva ley de caza
Entre las novedades más importantes y con el fin de mantener la pureza genética, la nueva ley fija planes de conservación del patrimonio genético de las especies más sensibles, como la perdiz roja o el ciervo ibérico, a la vez que impulsa una ‘Marca de Calidad Cinegética’. Además, establece una forma más flexible y rápida para la creación, ampliación o segregación de cotos de caza.
Por otro lado, en la nueva normativa también se impulsan los planes de ordenación cinegética, que incluirán infraestructuras de protección contra incendios forestales y medidas de autoprotección para gestionar emergencias sanitarias en caso de accidente en el coto.
Asimismo, incluye planes zoosanitarios para prevenir y controlar enfermedades en las especies cinegéticas, especialmente aquellas que puedan afectar a la fauna silvestre, al ganado doméstico o a las personas.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha asegurado que la nueva norma podrá entrar en vigor antes de que finalice la legislatura, toda vez que ahora será remitido ahora a las Cortes para su debate y votación, una vez que el Consejo Consultivo ya ha emitido su dictamen.
