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Los patios de la Diputación de Ciudad Real han acogido esta mañana la primera conmemoración institucional en memoria y recuerdo de los vecinos y vecinas de la provincia que perdieron la vida durante la represión franquista, un homenaje que el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha dicho que han concebido como “un acto de justicia y dignidad” para con las víctimas y sus familias.

Pero ha querido dejar claro que homenajear y recuperar la memoria de los que sufrieron humillaciones, persecución, tortura y muerte, no es abrir heridas, es cicatrizarlas, “porque el mejor cicatrizante, es la justicia y el reconocimiento de la dignidad de aquellos a los que pretendieron arrebatársela, con la seguridad de que jamás lo consiguieron”.


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Caballero ha recordado que la democracia se cimentó en España con un texto constitucional que nació del diálogo, de la renuncia a las posiciones propias y de la decisión de perdonar. Ha matizado, no obstante, que, sobre todo, “perdonaron más los familiares de quienes sufrieron 40 años de represión y pagaron con su vida su compromiso contra la dictadura franquista, en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que hoy disfrutamos”.

Ha añadido que como presidente de la Diputación reconoció hace tiempo que la gestión estaba incompleta, que no podían mirar hacia otro lado ante una causa justa, “que no debíamos ignorar una demanda latente de una parte importante de nuestra sociedad, que no estaba siendo atendida por la Administración del Estado, a pesar de que les corresponde en primer lugar al existir la mencionada ley que les obliga y que está vigente desde 2007”.


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Por eso -ha dicho- que decidió poner en marcha un programa de recuperación de la memoria democrática de la provincia de Ciudad Real, con el ánimo de hacerlo con rigor científico y académico, “apartándonos de cualquier interés partidista, dejando a un lado nuestras propias convicciones ideológicas, nuestras motivaciones personales y nuestras vivencias familiares”.

Caballero ha explicado que entendieron que había tarea para encomendar a investigadores, historiadores y antropólogos, que se necesitaba un trabajo multidisciplinar de profesionales con experiencia, reconocimiento y credibilidad en este campo. De ahí que buscaran la colaboración de los profesores de la UCLM e impulsaran el convenio con el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH)  perteneciente a la UNED, motivo por el que ha agradecido la presencia de su rector, Alejandro Tiana, aunque su primer saludo ha sido  para los familiares de las víctimas.


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El presidente de la Diputación ha indicado, asimismo, que el proyecto “Mapas de Memoria” no acaba hoy con la entrega del estudio que reconoce a 3887 víctimas, de las que 85 son mujeres -precisamente ayer sumaron otra más, una socuellamina que estaba en prisión y fue traslada al hospital de Tomelloso-, sino que a partir de ahora los investigadores que colaboran en este proyecto de recuperación de la memoria democrática de la provincia, seguirán contando con la colaboración institucional y económica de la Diputación provincial.

Por otro lado, ha querido dejar claro que en todo este proceso y en el acto institucional de hoy no se trata de ir “contra nadie”, pero sí de ir de la mano con aquellos que defendieron los valores que han permitido que en la actualidad haya hombres y mujeres gobernando las instituciones para mejorar la vida de la gente.


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Y ha afirmado que han querido recuperar la memoria desde el convencimiento de que recordar a los que sufrieron un padecimiento injusto es la mejor manera de asentar un futuro de convivencia de paz y libertad. “Somos porque tenemos memoria. Cada uno de estos 3887 hombres y mujeres, tienen derecho a su memoria, a ser recordados por lo que verdaderamente eran y no por lo que les acusó y condenó un régimen ilegitimo y criminal”. Así fue condenado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002, según ha remarcado.

El presidente de la Diputación ha referido, asimismo, que el régimen franquista se cebó reprimiendo y violando los derechos humanos, especialmente de los trabajadores y trabajadoras, de las gentes de la cultura y la educación, y de los afiliados de las organizaciones políticas y sindicales que les representaban.

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