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Crear de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha un centro de investigación de la trufa negra y potenciar su cultivo podría frenar la despoblación en la región, dadas las posibilidades económicas, de desarrollo rural y de cuidado sostenible que presenta este hongo, que se podría tornar en una excelente baza para atraer y fijar población en zonas como la serranía conquense.

Así lo ha reclamado Sonia Sáez, promotora de proyectos de desarrollo local-rural, como el Encuentro Trufa y Gastrocultura de Salvacañete, que, durante su comparecencia ante la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha que este martes se ha vuelto a reunir en las Cortes regionales, ha explicado que en la actualidad es el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales El Serranillo de Guadalajara el que se dedica a hacer labores de investigación sobre la trufa negra, pero «todo los proyectos están paralizados».


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De ahí que haya lamentado que la Universidad de Castilla-La Mancha presente una carencia en este cultivo, pues ha asegurado que hay profesores en Ingeniería de Montes o agrónomos que están interesados en potenciar la trufa negra y en que sea reconocida como cultivo diferenciado.

Sáez, que ha asegurado que el Centro de Investigación del Champiñón que hay en Quintanar del Rey podría ser el modelo a seguir, también ha reclamado que la trufa, al igual que la miel o el ajo de Las Pedroñeras sea reconocido como alimento de calidad de Castilla-La Mancha.



Y es que esta representante de la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese) de Cuenca ha indicado que ya hay muchos jóvenes agricultores que están reconvirtiendo la tierra de cultivos de sus padres en explotaciones truferas, que ya se están extendiendo por muchos pueblos de Cuenca, Albacete y Guadalajara.

De momento, ha detallado, el municipio de Salvacañete ya se ha prestado a acoger un campo de ensayo que, aunque dará resultados en ocho años, se convertirá después en un campo de experimentación de este apreciado hongo, con gran potencial gastronómico, como demuestran los diversos encuentros ‘Trufa y Gastrocultura’ que ya ha acogido.

REVISAR LEGISLACIONES QUE FALLEN


De su lado, el director del Centro Coworking el Hueco de Soria, Joaquín Alcalde, luego de precisar que el problema de la despoblación es un problema complejo que afecta a todos los países desarrollados para el que «no hay varita mágica», ha asegurado que para abordar esta cuestión es imprescindible «consenso» y que todas las administraciones, cada una desde su ámbito competencial, «vayan de la mano».

A modo de ejemplo, Alcalde ha hablado del Mecanismo de Garantía Rural, una comisión en el Parlamento del Reino Unido que lleva 15 años analizando el sesgo de las políticas públicas sobre lo rural. «Es necesario que los diferentes legisladores analicen cómo afecta sus normativas a la revitalización de los pueblos. No se debería aplicar la misma legislación en un pueblo de 3.500 habitantes como Sigüenza que en una ciudad como Madrid», ha detallado.


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«En Castilla-La Mancha, el mecanismo de garantía rural podrían ser las Cortes, que podrían vigilar que los poderes públicos se esfuercen por ayudar a los pueblos a salir adelante», ha dicho el director del Centro Coworking el Hueco, que también ha aconsejado no centrar las políticas de desarrollo rural únicamente en la agricultura y la ganadería, sino integrar también en ellas al sector cultural, al tecnológico y al turístico.

Dicho esto, también ha apuntado que la COVID-19 es una «ventana de oportunidad» para las zonas rurales, pues cada vez más personas del ámbito urbano valoran volver al pueblo de padres o abuelos buscando calidad de vida y, sobre todo, donde desarrollar proyecto de vida y sacar adelante a la familia.


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En esta nueva «ruralidad», ha añadido, los habitantes de los pueblos han de ser «acogedores y no tener miedo al cambio» para albergar a nuevos pobladores, ha finalizado aconsejando.

POTENCIAR SECTORES A LOS QUE NO SE LES HACE CASO

Un mensaje parecido ha dejado Cristina Gutiérrez-Cortines, de la Fundación ‘Ars Civilis’, que ha incidido en la necesidad de que las administraciones sean «evaluables» y se revise si son «solventes» a la hora de dar respuesta a los problemas que presenta la sociedad. «Hoy en día nuestro modelo de gobernanza no es muy útil para atajar la despoblación. Como primera medida, el Estado debería declarar un régimen especial para determinadas zonas de España, porque si no, no se pueden hacer determinadas políticas y eso sería prevaricar».



Potenciar sectores punteros «a los que no se les hace caso» es otro de los consejos de la representante de la Fundación ‘Ars Civiles’ ha dejado en las Cortes castellanomanchegas, sectores que ha calificado como «campeones ocultos». «Hay ceramistas que podrían exponer en el Moma pero la administración solo potencia la industria agroalimentaria, dejando de lado a otros fabricantes que están exportando», ha lamentado.

Modificar el mapa de la Formación Profesional, que en Castilla-La Mancha es «patético»; y el de la Formación Dual, que es un «desastre», y recuperar la figura del «aprendiz» de oficios, son otras de las propuestas de Gutiérrez-Cortines, que también ha aconsejado a los diputados de la región fomentar la exportación de productos de esparto, mimbre, cuero cerámica o perfumería y dejar de «desperdiciar los recursos de caza, arrollados ante ecologistas», pues se ha mostrado convencida de que el sector cinegético «podría salvar a muchas empresas agrarias a punto de quebrar».

DINERO SUFICIENTE CONTRA LA DESPOBLACIÓN


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Recursos económicos suficientes para combatir la despoblación, a fin de que «no se quede en una mera declaración de intenciones» o mejorar la comercilización de los productos agroalimentarios que se producen en la región, son algunas de las recetas que Cooperativas Agro-alimentarias considera pueden funcionar contra la pérdida de habitantes en los pueblos de la región, desgranadas por su presidente, Ángel Villacañas, que durante su paso por las Cortes ha reclamado la elaboración de un mapa del territorio, donde quede «perfectamente definido en qué áreas actuar» para frenar este fenómeno.

Especial importancia ha dado Villafranca a la salida de productos agroalimentarios de la región, a su juicio «ahora desatendido», pues ve necesario establecer puntos estratégicos donde colocar lo que se produce para no tener que llevarla hasta un puerto que está, el más cercano a 300 kilómetros o a 600 de la frontera europea, abaratándose así el coste del transporte.

De igual modo, ha considerado preciso «plantear» que los inmigrantes que vienen a trabajar a la región y se establecen en el territorio «sean lo más cercanos» a cultura castellanomanchega y a su forma de entender la vida, para que sean capaces de integrarse, a fin de que sus hijos sean «castellanomanchegos y se queden en el territorio», ante la falta de una política de natalidad «clara».

«Habrá que poblar nuestras tierras como en época de la Reconquista», ha defendido Villafranca, que también ha aconsejado aprovechar la digitalización de las zonas rurales para que los residentes en núcleos urbanos, que a raíz de la pandemia teletrabajan, puedan instalarse en los pueblos de la región y fijar su residencia.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, organización que con sus 440 cooperativas agrupa a más de 100.000 familias y da empleo fijo a más de 3.500 personas, ha apostado por diseñar planes para que los estudiantes de la región que cursan o Formación Profesional o estudios universitarios puedan trabajar durante dos o tres meses en las empresas asociadas a la organización que representa para que hallen en ellas su camino laboral y así no abandonen el territorio.

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