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domingo, 5 mayo

Gregorio defiende la labor de todas las administraciones para que el Tajo tenga requisitos mínimos de calidad

Ha confiado en que este pacto sea una realidad y "no sólo palabras", ya que para esto todas las administraciones "tienen que estar unidas"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha destacado este viernes que hay que seguir trabajando para que todas las zonas del cauce del río Tajo cuenten «con los requisitos mínimos de calidad», con una labor conjunta entre todas las administraciones y que estén unidas para que el Tajo consiga la calidad que «todos demandamos».

El delegado ha hecho balance del trabajo de la Delegación del Gobierno durante el pasado año 2017, ha asegurado que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina se está reuniendo con diversas asociaciones y grupos políticos para trabajar en un Pacto Nacional del Agua.

Ha confiado en que este pacto sea una realidad y «no sólo palabras», ya que para esto todas las administraciones «tienen que estar unidas», y ha aseverado que «fue el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal el que luchó para que con menos de 400 hectómetros no se trasvasara» y que por eso «ahora no se está trasvasando».

El delegado ha afirmado que sigue pensando que o todas las administraciones de todos los partidos hacen el trabajo en común o «se seguirán teniendo los problemas que se tienen en el río Tajo», y ha agregado que «hay que hacer que las aguas se depuren en todas partes», ya que «todos los sitios tienen que tener la depuración que marca la Ley» y que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) «sancione a quien tenga que sancionar si no cumple» y «trabajar para depurar el agua correctamente».

En cuanto al recurso del Ayuntamiento de Toledo sobre la denuncia de la CHT en relación a las espumas del río Tajo, Gregorio ha dicho que el Consistorio toledano «tiene el derecho a ejercer el recurso», pero que «los hechos son que unos técnicos funcionarios hacen sus análisis no por cuestiones políticas, sino por hechos fehacientes y objetivos», unos profesionales a los que la alcaldesa, Milagros Tolón, «debería respetar», ya que «se analizó el agua y se vio que la contaminación venía de la ciudad de Toledo».

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