La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han comparecido hoy en rueda de prensa para hacer balance del pleno del Consejo Nacional del Agua, celebrado ayer en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en el que 10 planes de cuencas intercomunitarias españolas (entre los cuales se incluían 7 que afectan directamente a Castilla-La Mancha) recibieron luz verde para su aprobación en Consejo de Ministros durante las próximas semanas, a pesar del posicionamiento contrario del Gobierno regional en 4 de ellos.
Elena de la Cruz ha resaltado la “intransigencia” mostrada por el Gobierno central ante los muchos problemas que para la región tienen los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana, señalando que ni siquiera se permitió una votación separada de los planes, por lo que la Consejería de Fomento procedió al voto negativo conjunto, a pesar de que en los consejos de demarcación se había mostrado favorable a los planes de los ríos Guadalquivir y Ebro, y se había abstenido en el del Duero.
Trasvase inexistente
El voto negativo conjunto obedece muy especialmente a la actitud del Gobierno de España en relación a la sobreexplotación de recursos del río Tajo, que el pasado sábado era objeto de diversas protestas en localidades de la región como Sacedón, Toledo, El Carpio de Tajo y Talavera de la Reina.
Elena de la Cruz ha recalcado que el Gobierno de la nación sigue actuando “como si el trasvase Tajo-Segura no existiera”, algo que afecta muy negativamente a un río cuya planificación hidrológica para los próximos cinco años se ha realizado “usando datos medioambientales, de sostenibilidad, de aportes pluviométricos e hídricos de los años 90” a pesar de que “Europa ha hecho una advertencia en este aspecto”.
La consejera ha manifestado que “en Castilla-La Mancha no sobra agua. Esta región es la gran olvidada y ayer lo volvimos a ver”. A su juicio, el Plan no recoge el descenso de un 47 % de las aportaciones pluviométricas y, aunque el Ministerio reconoce que han aumentado las demandas de agua en el Tajo medio, no se refleja que el agua a partir de Aranjuez está “tan contaminada que hace imposibles las captaciones para abastecimiento humano”. Tampoco que el año pasado se derivaron 240 hectómetros cúbicos al Segura, “una presión sobre el río Tajo que compromete su viabilidad”; o que el caudal por Aranjuez apenas llega a los 6 metros cúbicos por segundo, “la mitad de lo que circulaba este verano por el trasvase”.
Elena de la Cruz ha relatado también los problemas que el Gobierno regional percibe en el plan que aprobará el Gobierno central para la cuenca del Júcar, entre los cuales está que “no se refleja cómo se solventa el consumo humano en la ciudad de Albacete” en virtud de los derechos preferentes que otorga a Levante el convenio de Alarcón. También del Segura, río al que el Ministerio reconoce un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos, que el plan “no dice cómo se van a solventar pero que sabemos que será a través del trasvase desde el Tajo”.
Para la consejera, todos estos problemas estructurales detectados en las diferentes cuencas que atraviesan la región, sólo se solucionan “si el Gobierno de España se sienta con todas las partes y empieza a ver otras soluciones, que las hay, sin tanto coste energético como se dice porque ha cambiado la tecnología y existen otros mecanismos para solucionar este grave problema”, porque “la España seca somos todos, y de esto no se debe olvidar el Gobierno”.
La agricultura de la región, marginada
Las razones de índole agrícola para oponerse a los planes de cuenca han sido expuestas por el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien ha afirmado que una región como Castilla-La Mancha, por la que transcurren 7 cuencas y que genera cuantiosos recursos; no puede, sin embargo, estar al margen de la planificación hidrológica que solo plantea limitaciones y recortes a nuestros regantes.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “el Ministerio de Agricultura tiene que ser consciente del peso específico que tiene Castilla-La Mancha”. Y en concreto, se ha referido a la petición de prórroga que ha hecho el Gobierno regional del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) que afecta a 2.040 municipios del centro de La Mancha. “Nosotros lo que planteamos es que la Administración General del Estado haga frente a su compromiso, un compromiso entre administraciones que no depende de quien gobierne en un sitio o en otro, el compromiso de aportar a Castilla-La Mancha 40 hectómetros cúbicos de agua que permitan el desarrollo económico de la zona del Alto Guadiana y eso pasa, ineludiblemente, por la agricultura”, ha explicado.
Martínez Arroyo también se ha referido a las cuencas del Júcar y Segura, “en las que también se está trabajando desde la perspectiva de la agricultura con el Ministerio para resolver nuestros problemas”. Con respecto al Júcar, ha destacado que “Castilla-La Mancha representa el 65 % de la cuenca del Júcar, hay muchos regantes en la región cuyas necesidades no se han tenido en cuenta en el Plan Hidrológico y a los que no se les prevé asignación de agua en los próximos años e incluso se les limita la que ya tenían concedida”.
En cuanto a la cuenca del Segura, el consejero ha recordado que el Plan de Sequía de Gobierno ha dejado al margen a los agricultores de la comarca de Hellín, en la que hay un problema enorme de salinización de las aguas. Todos estos recortes, a juicio del consejero, pueden suponer una limitación en la actividad económica y el desarrollo territorial de unas zonas de enorme importancia para Castilla-La Mancha, “zonas rurales en las que si no hay agricultura o no hay industria agroalimentaria, no hay actividad económica”, ha concluido Martínez Arroyo.
