El Gobierno de España ha aprobado un nuevo real decreto que regula las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas agroalimentarias, una norma que entrará en vigor el próximo 1 de mayo y que introduce cambios en los procedimientos de inscripción y modificación de estas figuras de calidad.
El texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, reduce los plazos administrativos para tramitar el registro o la modificación de una Denominación de Origen Protegida (DOP), una Indicación Geográfica Protegida (IGP) o una Especialidad Tradicional Garantizada (ETG).
La normativa adapta el marco jurídico español al Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas.
Cambios en el sistema y nuevas medidas
Además de acortar los plazos, el decreto regula los distintos tipos de modificaciones que pueden aplicarse a los pliegos de condiciones de estas figuras de calidad y establece, como novedad, un procedimiento para la cancelación de indicaciones geográficas.
La norma también actualiza el funcionamiento de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, el órgano encargado de coordinar estas políticas, adaptándolo a lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Otro de los aspectos que incorpora la regulación es la aplicación de las normas europeas sobre la oferta de vinos y productos agrícolas con DOP o IGP, que hasta ahora solo estaban contempladas para sectores concretos como el queso o el jamón.
Asimismo, se establecen nuevas directrices sobre el etiquetado de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, además de actualizar diversos aspectos relacionados con los controles oficiales en aquellas figuras de ámbito supraautonómico.
Importancia para Castilla-La Mancha
La normativa tiene especial relevancia para Castilla-La Mancha, una de las regiones con mayor número de figuras de calidad agroalimentaria en España. La comunidad cuenta actualmente con 32 denominaciones de origen protegidas, de las cuales 25 corresponden al sector del vino y cuatro al aceite de oliva, además de 9 indicaciones geográficas protegidas.
