El Juzgado de lo Social nº3 de Albacete ha dictado una sentencia que estima parcialmente la denuncia presentada por una docente de Castilla-La Mancha agredida por varios alumnos durante su jornada laboral, reconociendo la inexistencia de un protocolo de actuación específico frente a agresiones al profesorado en la región. Como consecuencia, la Consejería de Educación y la compañía aseguradora deberán abonarle una indemnización conjunta cercana a los 30.000 euros.
Según informa CCOO, que ha respaldado el caso y considera la resolución un avance importante en la lucha por la protección del personal docente, los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2022, cuando la trabajadora resultó lesionada al intervenir en una pelea en el patio del colegio donde trabajaba. Las lesiones incluyeron una fractura en un dedo, daños en brazos y escápulas, además de un trastorno adaptativo mixto con ansiedad severa como consecuencia del episodio.
Tras haber estado 503 días en situación de incapacidad temporal, la docente se reincorporó con restricciones en junio de 2023. Al no reconocérsele la incapacidad permanente parcial, decidió presentar una demanda judicial por omisión de medidas de seguridad. El tribunal ha dictaminado que existió una vulneración de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la administración.
La resolución judicial deja claro que ni el Decreto de Convivencia Escolar ni la guía de actuación ante conductas disruptivas pueden considerarse un sustituto válido de un protocolo específico ante agresiones al profesorado. Además, destaca que la Consejería no proporcionó formación ni información sobre cómo actuar en estas situaciones, calificando esta carencia como una «deficiencia estructural».
La sentencia menciona también que la falta de protocolos ya había sido denunciada en la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario el 14 de enero de 2025, donde CCOO exigió la creación de protocolos similares a los que ya existen en comunidades como Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana.
En base a estos hechos, el juzgado ha fijado una indemnización de 3.000 euros a cargo de la Consejería de Educación y otros 25.691 euros por parte de la aseguradora. Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida, desde CCOO la valoran como un precedente relevante que demuestra la eficacia de la acción sindical en la defensa de derechos laborales.
Ante este fallo, el sindicato exige a la Consejería que actúe de forma inmediata para:
- Elaborar un protocolo autonómico de actuación ante agresiones al profesorado.
- Intervenir de oficio en todos los casos.
- Establecer coordinación con Fiscalía, Inspección y fuerzas de seguridad.
- Proporcionar apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas.
- Implementar medidas preventivas y formativas para evitar la normalización de estas agresiones en el ámbito educativo.
