El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a recabar las primeras firmas al documento en defensa del agua de la Comunidad Autónoma entre las entidades sociales, económicas, agrarias y medioambientales de la región, y también lo hará con las formaciones políticas y todos aquellos que han participado en la elaboración del texto.
Las mismas fuentes han confirmado que también hay colectivos que ya han traslado al Ejecutivo su «predisposición» a rubricar el documento, cuyo objetivo es conseguir que el agua «genere desarrollo aquí» y acudir a nivel nacional con una posición única en la región en esta materia.
El Gobierno regional espera que ese texto esté ratificado por «todos» antes de que finalice esta legislatura, según ha manifestado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien confía en que todos los que han trabajado en su elaboración del documento lo suscriban, pues «es fácilmente firmable».
Martínez Arroyo opina que «las fuerzas políticas no deben quedarse al margen» y espera que todas ellas firmen este documento «pensando en los ciudadanos» y no en otro tipo de intereses, ya que representan a los ciudadanos de la región y el texto aboga por el consenso entre todos para que el agua que pasa por Castilla-La Mancha sirva para generar riqueza en Castilla-La Mancha.
No obstante, recientemente han manifestado su oposición a rubricar el documento tanto Ciudadanos Castilla-La Mancha –al considerar que el Ejecutivo regional no se ha tomado esta cuestión en serio y verlo como un «brindis al sol», sin carácter vinculante y «meramente electoralista»–; como Ecologistas en Acción o Asaja, que avanzó que no firmaría el texto «tal y como estaba configurado».
DOCUMENTO
El documento en defensa del agua de Castilla-La Mancha elaborado por el Gobierno regional, que recibió un total de 11 propuestas, se ha realizado bajo la premisa de que no se destine «ni una sola gota de agua para regadío en el Levante», ya que «el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha».
El texto plantea priorizar la desalación y que únicamente se favorezca el trasvase de agua «cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano» en la cuenca receptora y «siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente».
El primero de los tres apartados en que se divide este texto aborda la gobernanza del agua y plantea la necesidad de contar con las comunidades autónomas en todos los procesos de toma de decisiones, entre los que destaca las cuencas hidrográficas. El segundo de estos bloques, en el que se plantean las necesidades del agua para la agricultura, se marca la «apuesta» de la región por los regadíos sociales, que «redistribuyen la riqueza que el agua genera entre todos los usuarios».
Finalmente, el tercer apartado del borrador pide que se lleve a cabo un «abastecimiento sostenible, con una gestión óptima y priorizando el buen estado ecológico que exige la Directiva Marco del Agua, poniendo también a la depuración como «elemento esencial», así como el fomento del uso eficiente del agua y su ahorro.
