La directora general de Planificación, Ordenación e Inspección sanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín, junto a algunos de los miembros que integran la Comisión de Análisis de Casos de Toledo han visitado recientemente los centros penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II.
Esta visita, que se enmarca en un plan de cooperación y conocimiento de los recursos y dispositivos de cada una de las administraciones y organizaciones que participan en esta Comisión, permitió evaluar la intervención tanto de personas con problemas de adicciones como enfermos mentales que se encuentran cumpliendo condena en estos centros.
Precisamente y para facilitar los procesos de integración de la población en situación de especial vulnerabilidad o exclusión social, la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad autónoma está desarrollando programas de intervención dirigidos a personas drogodependientes y de atención a enfermos mentales en un total de seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.
La gestión directa de estos programas en Ocaña es ejecutada por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Fundación Atenea y Proyecto Hombre. La primera entidad se centra en todo lo concerniente al proceso de adicción y la segunda enfoca su intervención en la motivación y el acompañamiento a la excarcelación. A través de ambos recursos, durante el primer semestre de este año se atendieron a 130 internos en Ocaña I y 160 en Ocaña II.
Durante el encuentro la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, María Teresa Marín, resaltó la importancia de los programas desarrollados por Instituciones Penitenciarias como el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) que trabajan en la inserción e integración social, desde todas las fases del cumplimiento de la condena o de los programas puente que se desarrollan en los Centros de Inserción Social.
Comisión de Análisis de Casos
En la Comisión de Análisis de Casos participan diversas administraciones y organizaciones entre las que se encuentran juzgados, servicios de psiquiatría, servicios sociales, Instituciones Penitenciarias, el Instituto de Medicina Legal, así como asociaciones de familiares y enfermos mentales. Su objeto es coordinar las actuaciones de las mismas en la atención de casos complejos de personas con enfermedad mental, que se encuentran o tienen riesgo de hallarse en una situación de judicialización por causas diversas.
El modelo de esta Comisión, del que nuestra comunidad autónoma es pionera a nivel nacional, está proporcionando una intervención más eficiente en aquellos casos de enfermos mentales o personas con patología dual que son atendidos por diferentes dispositivos y profesionales, por lo que se requiere una coordinación ágil entre los mismos. En este contexto, se logra una mejor utilización de los recursos y las intervenciones hacia las necesidades reales y especificidades de estas personas.
