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sábado, 20 abril

C-LM posterga las elecciones agrarias que pide Unión de Uniones amparándose en el vacío legal nacional

El titular castellanomachego de Agricultura ha reparado en la "complejidad" de articular dicho proceso

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha descartado la posibilidad de que en Castilla-La Mancha se celebran elecciones en el sector del campo. Además de considerar que ya hay «una representación homologada», se ampara en el vacío legal que a nivel nacional existe sobre esta cuestión.

De este modo ha reaccionado el consejero del ramo que, antes de participar en Toledo en la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam), ha sido preguntado por la petición de Unión de Uniones, que este martes, en una nueva jornada de protestas, reclamaba celebración de las elecciones agrarias para «medir fuerzas» con las otras organizaciones profesionales agrarias (OPAs), pues consideran que Asaja, COAG y UPA «se han dormido en los laureles» y han perdido su capacidad representativa en la defensa de la agricultura y la ganadería, ya que «comen de la mano de la administración».

«Sinceramente no lo tenemos previsto porque creemos que está articulado el elemento de representatividad en estos momentos, en el que hay una representatividad homologada, por así decir, por parte de la Administración en la que están establecidos esos mecanismos de interlocución a nivel general».

Tras precisar que hay otras comunidades autónomas en las que sí se celebran esos comicios, el titular castellanomachego de Agricultura ha reparado en la «complejidad» de articular dicho proceso, toda vez que dicha normativa se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero «no es lo suficientemente adecuada para trasladar a todos los territorios».

«Por supuesto que en el momento en el que eso se pueda producir, nosotros tendremos que asumir las normas, como no puede ser de otra manera y trabajar en el futuro», ha reconocido Martínez Lizán, que ha insistido en que en la actualidad dicha representatividad esta garantizada y «regulada por una serie de condicionantes que se dieron en el pasado».

«Las asociaciones profesionales agrarias tienen un ámbito de representatividad importante, que ha sido un canal de interlocución válido, en el que están haciendo un gran trabajo por agricultores y ganaderos de nuestra región, y en la que creo que tenemos que seguir colaborando», ha defendido.

«Haciendo las cosas bien, sin buscar alarmismos y sin buscar, sobre, todo cuestiones en las que puedan imperar el nerviosismo y la confrontación con las administraciones, llegaremos más lejos todos, porque el beneficio común», ha reflexionado el consejero, que ha pedido «aunar esfuerzos», convencido de que con un «trabajo serio, concienzudo y sobre todo, respetuoso, siempre se pueden conseguir muchísimas más cosas, que tal vez con la fuerza y con presiones innecesarias».

Dicho esto, y tras referir las «agresiones y amenazas» que representantes de la prensa sufrieron en la jornada de protesta de este pasado martes en Toledo, ha incidido en que en ese camino de respeto y trabajo sí «encontrarán a la Administración».

COMPLEJIDAD DEL PROCESO

Preguntado por dicha norma que ha de regular dichos comicios, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que, para aplicarse, tendría que ser modificada, «pero con la confrontación que se da ahora en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados no se dan los números para poder sacarla adelante».

Además, ha reparado en la complejidad de determinar quién tiene derecho a participar en dichas elecciones. «Yo creo que la gente entenderá claramente que, si se pide representatividad real en el campo, ahora mismo solo podrían votar los autónomos, que son 20.000 en Castilla-La Mancha, pero son 97.000 las PAC que se realizan en la región».

«Creo que también estaríamos fallando en ese mecanismo de representatividad, por lo tanto, es muy complejo», ha añadido Martínez Lizán, que también ha puesto el foco en el coste económico que supondría la celebración de dichas elecciones «no solo a la Administración, sino también a todas las organizaciones que participasen en esos mecanismos de elecciones».

«Tal vez, tengamos que entender que es necesario articular y regular de manera efectiva toda esa normativa de representatividad, y a partir de ahí trabajar», ha reiterado.

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