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sábado, 18 mayo

PP pide explicaciones al PSOE por un posible caso de corrupción y Page defiende que son «denuncias archivadas»

Tras la información publicada por Libertad Digital acerca de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos

 La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha exigido explicaciones a Emiliano García-Page por las informaciones que apunta a un presunto caso de corrupción que salpicaría al Gobierno de Castilla-La Mancha y que habla de una presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales.

Así lo ha indicado Agudo en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha lamentado que nadie del Ejecutivo autonómico haya hablado sobre las informaciones conocidas en el día de hoy en un medio de comunicación nacional.

La secretaria general del PP-CLM ha señalado que los castellanomanchegos deben saber qué hay de cierto en una información que apunta directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha. “No entendemos como Page, que ha tenido varios actos esta mañana, no se ha referido ni explicado si hay caso de corrupción en Castilla-La Mancha, que doblaría al Caso ERE”.

Agudo ha recordado que Page dijo que “ponía la mano en el fuego” por los expresidentes de la Junta de Andalucía ante el Caso ERE y hoy “ambos están condenados”.

La dirigente del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que esta “no es la primera vez” que se señalan posibles casos de corrupción en el seno del PSOE de Castilla-La Mancha. Así, hace meses se conocían las transacciones inmobiliarias del expresidente de la Junta, José Bono; las adjudicaciones millonarias del expresidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, o las anotaciones de ‘Emiliano G. Page’ en la libreta de un empresario acusado de corrupción en la Comunidad Valenciana.

PAGE AFIRMA QUE SON DENUNCIAN INADMITIDAS

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este martes la política «virtual y falsa» que «algunos» están haciendo con la tubería manchega, acusando a su Gobierno de corrupción «cuando saben, y si no lo saben son malintencionados, que todas las denuncias planteadas están archivadas».

Así se ha pronunciado el presidente castellanomanchego este martes sobre la información publicada por Libertad Digital acerca de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos.

«Les molesta mucho a algunos que abramos la tubería manchega y que se abra después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos en este sentido, el último el de Villarrobledo, del PP», ha manifestado, para pedir seriedad en este asunto.

García-Page ha recordado que este miércoles se abre la tubería manchega, que, según ha apuntado, estuvo paralizada como proyecto cuatro años, lo que ha supuesto «casi una década de retraso»; a lo que ha añadido que «es indispensable para beber en buena parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo».

INADMITIDA LA DENUNCIA

La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, que comprende 29 municipios de Albacete y Cuenca, contra el Gobierno regional por una posible malversación de fondos públicos, que según los denunciantes podría ascender a 1.200 millones de euros de fondos europeos.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, la Audiencia Nacional comunicó a los servicios jurídicos de la Junta el 8 de marzo que la denuncia, de la que informa este martes el periódico «Libertad Digital», había sido inadmitida.

En el documento se argumentaba que se habría cometido un presunto delito de malversación de fondos europeos en la compra de derechos de agua en el Alto Guadiana, lo que habría perjudicado a dicha comunidad de regantes.

La denuncia de los regantes se presentó contra el expresidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda, y otros consejeros de su gobierno, a quienes se les acusa de haber contribuido a causarles un perjuicio económico de más de 300 millones de euros en los últimos diez años. 

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