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viernes, 29 marzo

La UCLM participa en el nuevo informe de la Oficina Antifraude catalana con recomendaciones para empresas públicas

El profesor Adán Nieto es uno de los directores del proyecto

Los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Adán Nieto Martín y Luis Miguel Vioque Galiana y la profesora Beatriz García-Moreno García de la Galana han participado en el equipo responsable del informe final “Cumplimiento normativo e integridad en entidades del sector público institucional de Cataluña”, un documento promovido por la Oficina Antifraude catalana que contiene medio centenar de recomendaciones dirigidas a las empresas públicas del sector público institucional de Catalunya. El estudio ofrece un modelo de cumplimiento normativo que contiene los elementos esenciales útiles para el conjunto del sector público empresarial, con el propósito de facilitar la implantación de los instrumentos de cumplimiento normativo e integridad en el seno de estas organizaciones.

El informe se está presentando en un Congreso organizado por la Oficina Antifraude y la Diputación de Barcelona (Diba) que se celebra ayer y hoy en la Ciudad Condal y en el que intervienen los participantes en el proyecto, entre ellos Vioque Galiana y Nieto Martín. Este último, responsable del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM, dirige el informe con el Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Las recomendaciones se agrupan en catorce ámbitos: cuestiones generales, cumplimiento normativo de las administraciones propietarias, atribución de responsabilidades, análisis de riesgo, códigos éticos, canales de alerta, difusión y formación, legitimidad del programa de cumplimiento, reacción ante las infracciones, revisión y evaluación, transparencia, conflicto de intereses, irregularidades en la contratación y subvenciones públicas.

Durante la presentación del informe, el profesor Adán Nieto ha asegurado que el mismo surge de una metodología “que se ha fundamentado en el diálogo, sin poner en primer lugar la función fiscalizadora y consiguiendo crear espacios de diálogo y confianza”.

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