La pandemia del Covid19 nos ha obligado a incorporar términos a nuestras conversaciones y preocupaciones cotidianas tales como incidencia acumulada, confinamiento, estado de alarma, PCR o test de antígenos. Conceptos que han modificado nuestros hábitos y, sobre todo, nuestras relaciones interpersonales.
Además, la gestión de la pandemia ha confirmado que la digitalización y las nuevas tecnologías de la comunicación se han convertido en herramientas clave para afrontar cualquier desafío socioeconómico. Las vídeo-llamadas entre familiares y amigos han sido la solución a las restricciones de movilidad. Padres, estudiantes y profesores nos hemos visto obligados a adaptar la metodología tradicional de enseñanza presencial a un entorno completamente virtual y el teletrabajo se ha impuesto como sistema para mantener nuestra actividad y productividad laboral.
En AMFAR-Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, al igual que el resto de organizaciones, nos hemos visto obligadas a implementar con urgencia la transformación digital y el teletrabajo para seguir atendiendo las necesidades de las mujeres rurales españolas en este nuevo contexto socio sanitario.
Estamos convencidas que el teletrabajo ha llegado para quedarse, ya que no solo ha supuesto la solución a un problema derivado de la crisis sanitaria del Coronavirus, sino un adelanto de la digitalización que durante años se ha venido demorando en España y sobre todo, en las zonas rurales.
La transformación digital de la ciudadanía, pymes, instituciones, empresas o administraciones públicas a la que ahora estamos abocados, no debería suponer el establecimiento de nuevas discriminaciones o brechas sociales, territoriales y de género, como parece ser que está ocurriendo.
En la actualidad y según se recoge en el Informe 02/2021 sobre “Un Medio Rural Vivo y Sostenible” publicado por el Consejo Económico y Social de España en el año 2021, más de un millón de personas que viven en el mundo rural español no pueden conectarse a internet con una conexión funcional; es decir, superior a 1 Megabytes por segundo, lo que directamente les está excluyendo del contexto de digitalización.
Por tanto, si el reto demográfico es uno de nuestros grandes desafíos en este siglo XXI, y si hemos constatado que la digitalización pone freno al problema de la despoblación, ya se debería estar invirtiendo y empleando todos los recursos y medios a nuestro alcance para garantizar una igualdad de oportunidades a las mujeres y hombres que viven en el mundo rural español para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece esta nueva era de la digitalización.
Poner freno a la brecha digital territorial contribuye además a reducir la brecha de género que afecta sobre todo a las mujeres rurales. Un colectivo que vuelve a ser el gran perjudicado por la falta de formación en capacitación y habilidades digitales, lo que supone seguir relegando a las mujeres rurales al desempeño de tareas relacionadas con los cuidados o los quehaceres domésticos.
Las mujeres rurales son garantía de futuro para el mantenimiento de nuestros pueblos. Un pueblo sin mujeres se muere. Por tanto, debemos apostar y defender que la digitalización llegue a las zonas rurales para poder conseguir un territorio rural vivo, lleno de oportunidades, en el que, sobre todo, las mujeres y los jóvenes elijan quedarse para desarrollar sus proyectos de vida.
