Cuando alguien se enfrenta a la responsabilidad de redactar un artículo sobre un tema en concreto, además de responsabilizarse de si lo tratado estará a la altura, resulta imprescindible reflexionar sobre si lo escrito confirma solamente una opinión personal o suscitará en el lector comprensión e incluso emoción. Siendo más ambicioso, se aspira a sumar a aquellos a los que va dirigido más concretamente. Sin miedo a equivocarme podría asegurar que lo que defendemos sumará los máximos apoyos de las organizaciones que se verán afectadas, puesto que es su voz, son sus argumentos y sus reivindicaciones. Lo escribo convencido que también contará con la comprensión e indignación de la sociedad en su conjunto, vivan en cualquier lugar o sientan que es un asunto que les concierne más o menos directamente. Porque, cuando lo inadmisible se convierte en Anteproyecto y cuando la propuesta normativa, que aspira a entrar en vigor en breve, provoca consecuencias catastróficas, no existe lugar ni a interpretaciones ni incluso alegaciones. Es, sencillamente, inaceptable.
En las últimas semanas, a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se ha sometido a audiencia e información pública, con un plazo que ya venció el 28 de octubre, el Anteproyecto de Ley “por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad”. Permítanme que, a partir de ahora, nos refiramos a él como “Anteproyecto de Ley”. En el mismo vienen a plasmar la intención del Gobierno de España de modificar las bonificaciones de la Seguridad Social para la contratación de personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria como en el empleo protegido, como el caso de los Centros Especiales de Empleo, cuyas plantillas, por Ley, deben superar el 70% de este colectivo. Éste nuevo sistema va a implicar un decrecimiento de las bonificaciones al empleo de las Personas con discapacidad en éstos centros, que puede suponer un riesgo muy importante para las Entidades. De cara al futuro y, cuando vaya subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, afectará también muy duramente a las Personas con discapacidad con más necesidades de apoyo (discapacidad intelectual, enfermedad mental y discapacidad física superior al 65%) y también a los Centros Especiales de Empleo cuyas plantillas estén integradas por personas con discapacidad con diferentes perfiles.
Y es que, este Anteproyecto elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo y, también, en el Grupo Social ONCE que cuenta con esta bonificación desde 2012. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales como en las empresas ordinarias. Las propias Entidades y Colectivos Sociales de Personas con Discapacidad que se ven afectados por la aplicación futura del contenido del Anteproyectos, se han alzado contra una legislación que, según sus propias palabras, “provocará un impacto devastador en el empleo de las personas con discapacidad, en especial en el empleo protegido: centros especiales de empleo y otras entidades sociales asimiladas”.
Mientras la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sigue defendiendo públicamente ésta inexplicable reforma, con fecha 2 de noviembre de 2.022, el Grupo Parlamentario Popular adscrito al Senado, a través de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, registró una Moción instando al Gobierno de España “a que proceda, sin dilación, a retirar el Anteproyecto de Ley que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad por resultar altamente perjudicial para el empleo de las personas con discapacidad”. Mientras que el Gobierno Socialista del señor Sánchez guardaba un silencio cómplice, el Grupo Popular concretaba que unos 2.300 centros especiales de empleo que dan trabajo a cerca de 100.000 personas con discapacidad se verían gravemente afectados, así como, el Grupo Social ONCE, donde las personas con discapacidad suponen el 59% de la plantilla.
Es evidente que el empleo protegido es una tipología de empleo que se crea, precisamente, para dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad. El empleo protegido cumple una función social y unas obligaciones que lo diferencia claramente de las empresas ordinarias, por lo que debe contar con un mayor nivel de apoyo. La aplicación del Anteproyecto de Ley, según la valoración de los Colectivos Sociales acabará provocando, “sin exageraciones, el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática, que es preciso absolutamente conjurar”.
Alberto Núñez Feijóo, en una nueva visita a nuestra tierra junto con nuestro presidente regional, Paco Núñez, no dejaba lugar a dudas, urgiendo a “corregir el grave error”. No es casual que estas declaraciones las hiciera visitando la Fundación Nipace, en Guadalajara, el Centro más avanzado en el tratamiento de la parálisis cerebral y otros muchos problemas neuromotores. Cuando confirma que “El Gobierno y el Ministerio de Trabajo cometerían un grave error si sigue tramitando este Anteproyecto de Ley y disminuye o elimina los incentivos a las empresas que están contratando a personas con discapacidad”, está representando a todo el colectivo, y pone en su verdadero valor el empleo protegido, como tipología que se especializa en dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad, cumpliendo una función social que lo diferencia claramente de las empresas ordinarias.
Cuando uno obtiene en sus propuestas la unanimidad en las valoraciones negativas, seguir incurriendo en ellas solamente se entiende por la obstinación o la soberbia. O quizás por ambas. Como también se ha denunciado, en un país donde la tasa de paro de las personas con discapacidad dobla una media ya de por sí muy elevada, la desincentivación provocará la disminución en su contratación y, de forma paralela, que otros sistemas de protección social tengan que incrementar el gasto público para su familia y para la sociedad en general. No podemos permitirlo.
Desde hace varios meses se está trabajando en la elaboración del Libro Blanco del Empleo y la Discapacidad, por medio del cual se pretende revisar los instrumentos y los marcos de incorporación de las personas con discapacidad al empleo, así como la identificación de otros nuevos, en línea con el paradigma de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas y la Carta Social Europea. Parece se están diseñando nuevos modelos de empleo para las Personas con discapacidad. ¿Qué sentido tiene sacar en este preciso momento, de forma paralela, este Anteproyecto de Ley? Es una exigencia diseñar, primero, el marco del empleo para las personas con discapacidad y, después, con la participación de todo el movimiento asociativo de la discapacidad, qué apoyos económicos, qué incentivos y qué ayudas necesita ese nuevo modelo que se elabore.
El presente y futuro de las personas con discapacidad no puede permitir vivir una regresión de cuarenta años en su esquema de empleo, ni tampoco podemos poner aún más dificultades a su inserción laboral, tal y como defiende el CERMI. Las Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de dotarnos de mecanismos compensatorios para que la igualdad de oportunidades, en la que todos creemos, acabe siendo lo más real posible. Este anteproyecto choca, frontalmente con éste principio básico, no siendo suficiente reducir o atenuar sus catastróficos efectos. El único camino que merece es que se retire y nunca entre en vigor.
