El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señala que el 99,9 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se han realizado en Castilla-La Mancha son en hospitales privados.

Además, en la Comunidad de Madrid, el 100 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la Comunidad de Madrid son en hospitales privados, y advierte que, según la ley, esto debería ser de «carácter excepcional».

«Esta ausencia prácticamente absoluta de IVE en la red sanitaria pública debería ser objeto de valoración y análisis por la Consejería de Sanidad, ello sin prejuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios», indica el escrito del Defensor, en alusión a la objeción de conciencia al que pueden acogerse los sanitarios para no practicar abortos.

Así responde Gabilondo en la misiva a una queja de la líder de Más Madrid, Mónica García, sobre el caso de Marta Vigara, que en 2020 acudió al Hospital Clínico San Carlos con una posible rotura de placenta por lo que su vida corría riesgo, y en el hospital se negaron a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo porque «había latido fetal» pese a que la viabilidad del feto era «prácticamente inexistente».

En este sentido, el Defensor también señala que los centros hospitalarios deberían tener un protocolo para hacer frente a estos casos, de forma que cuando no se vaya a practicar el aborto en un centro de la red sanitaria pública los servicios administrativos del hospital gestionen la derivación al «centro más adecuado» evitando «añadir una penalidad adicional a la paciente».

En el escrito, además de alertar de que el 100 % de los abortos en la región se realizan en centros privados, añade que otras cuatro comunidades autónomas tienen porcentajes de interrupciones superiores al 75 por ciento en centros privados: Castilla- La Mancha (99,9 %), Castilla y León (82,5 %), Extremadura (100 %) y Murcia (100 %).

En el extremo contrario, el Defensor indica que seis comunidades autónomas realizan más del 90 por ciento de estas intervenciones en centros públicos: Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.

Además, también destaca que en Andalucía el 46,2 por ciento de los abortos se realizan en la red pública, un porcentaje que se eleva al 60 por ciento en Aragón, y al 71,7 por ciento en Galicia.

En este punto, hace hincapié en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010 en el sentido de que la prestación sanitaria del aborto se realizará en la red sanitaria pública o en centros vinculados a la misma, «teniendo carácter excepcional» el acudir a centros privados.




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