La Comisión Europea ha puesto a Castilla-La Mancha como ejemplo y modelo a seguir por la puesta en marcha e implementación de medidas para hacer frente a la despoblación.

Así lo ha señalado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, tras participar en la jornada ‘JRC-Centro de Investigación de la Comisión Europea’ celebrada días atrás en Sevilla en la que ha detallado el desarrollo de la ITI (Inversión Territorial Integrada) desde año 2017 y con la que el Ejecutivo Autonómico ha acercado los fondos europeos a pequeños municipios.

Por todo ello, tal y como ha señalado Marco, la Comisión Europea destaca que la ITI se ha implementado de forma transversal, asegurando la alineación de todas las Consejerías que componen el Gobierno de Castilla-La Mancha, y fomentando la participación de los diferentes agentes». Ello ha dado como resultado que esta herramienta de la que se dotó la región durante la pasada legislatura ha supuesto una forma eficiente y eficaz de hacer llegar los fondos europeos a zonas donde, previamente, había dificultad de ejecutarlos.

Además, la directora general ha destacado que esta Comunidad Autónoma ha sido la primera de todo el país en aprobar una Ley de lucha contra la Despoblación. En este sentido, ha recalcado que es «una norma pionera, transversal y participada que incluye, por primera vez en la historia de España, una fiscalidad diferenciada como herramienta para frenar la despoblación».

Según ha informado la Junta en nota de prensa, ha explicado algunas novedades que incorpora la Ley, cuyo articulado incluye criterios de incentivación positiva, muy similares al criterio ITI, en las ayudas y subvenciones para los solicitantes de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Asimismo, Marco ha recordado que Castilla-La Mancha vuelve a ser pionera en la puesta en marcha de medidas contra la pérdida demográfica destinando más de 1.700 millones de euros para medidas contra la despoblación que se incluyen en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la región para el 2023 en la memoria de impacto demográfico. Un hecho que a su juicio indica «cuánto dinero de cada partida presupuestaria se destina a la lucha contra la despoblación, y se gastará en zonas despobladas».




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