La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que las comunidades autónomas cuentan con «herramientas e instrumentos suficientes» tras la caída del estado de alarma, el próximo domingo 9 de mayo, para seguir controlando la pandemia de COVID-19.
En una comparecencia ante los medios de comunicación desde Asturias, Darias ha defendido la legislación puesta en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontar la pandemia. «Los miembros del Consejo Interterritorial hemos ido poniendo medidas. Espero que cuando dejemos atrás esta maldita pandemia tengamos herramientas para seguir enfrentando posibles amenazas», ha señalado.
Una vez finalice el estado de alarma, Darias ve «fundamental» el rastreo de casos, la secuenciación «para poder aislar el virus» y la vacunación. De la misma forma, ha recordado que las CCAA y el Ministerio de Sanidad acordaron un documento de actuaciones coordinadas, conocido como ‘semáforo’, que supone «una guía de actuación con medidas para llevar a cabo en función de la incidencia».
Así, ha defendido que «cuando pase el 9 de mayo hay herramientas e instrumentos suficientes». «Esperemos que las CCAA las sigan aplicando como lo están haciendo. La legislación que tenemos creemos que es suficiente y con las medidas que hemos ido tomando en el Consejo Interterritorial también», ha remachado.
El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los Ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.
La idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.
Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos también han comenzado a preparar el escenario para después del 9 de mayo y ya están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia del coronavirus, si bien algunos ejecutivos regionales reconocen la dificultad de establecer restricciones sin esta norma jurídica.
Muchos ejecutivos autonómicos han criticado la decisión de Sánchez de no prorrogar este instrumento. El Gobierno vasco, por ejemplo, ha sido uno de los más críticos y advierten de que «cada vez quedan menos días» para aclarar esta cuestión. Además, desde el PNV, formación mayoritaria en el Gobierno del País Vasco, insisten en mantener esta norma.
Andalucía, igualmente, ha lamentado que habrá una salida del estado de alarma «a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida», porque el Gobierno de España «no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones».
