El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho alusión a la decisión del pleno del Parlamento europeo de avalar la suspensión de la inmunidad parlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado en España por su papel en el ‘Procés’, cargando duramente contra los miembros de Podemos en el Gobierno de la nación por «defender privilegios inmorales de quien se fugó de la Justicia».
Así lo ha asegurado en el transcurso de una comparecencia de prensa en la sede del Gobierno autonómico, donde ha lamentado el «ruido político» de la formación de Pablo Iglesias, al tiempo que ha mostrado su indignación por el hecho de que el propio vicepresidente del Gobierno, con competencias en Bienestar Social y residencias de la tercera edad a nivel nacional, haya dedicado «el tiempo justo» a esta materia y sin embargo haya invertido más espacio en defender a Puigdemont. «Me parece de una gravedad extrema».
En este punto, ha celebrado la «posición firme» de la parte socialista del Gobierno y del PSOE a nivel nacional por la «coherencia de exigir que quien se fugó de España se siente ahora ante la Justicia como todo hijo de vecino».
Así, considera que ahora «algunos», en alusión a Podemos, «tendrán que explicar muchas cosas ante la sociedad española», entre ellas «por qué se saltan a la torera» las premisas del movimiento del 15-M en el que militaron incurriendo en «un alto grado de incoherencia».
«¿Dónde están los que hablaban de la casta y decían que el mal de todos los males eran los políticos que se escondían detrás de aforamientos para no dar la cara y responder en igualdad de condiciones ante la ley?», se ha preguntado el líder del Ejecutivo autonómico, quien ha abundado en la gravedad de esgrimir la defensa de Puigdemont «desde posiciones institucionales».
Así, ha recordado a los responsables públicos de Podemos que cuando asumen el cargo «acatan cumplir y hacer cumplir las leyes», por lo que es «muy grave» que gente que cobra de las instituciones por «acatar las normas» no cumpla con la obligación «política y moral» de hacerlas cumplir.
«Amparar a juzgados por la Justicia y amparar privilegios de desigualdad ante la ley es incoherente, y casi una forma de establecer una complicidad política con presuntos delincuentes», ha aseverado.
