El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que su Consejería pretende que la Ley de la Viña y el Vino sea aprobada en este año 2021, reconociendo que este es «un objetivo ambicioso» pero aseverando que el sector necesita la ley «ya», por lo que es «absolutamente prioritaria».
Así se ha manifestado el consejero este jueves en rueda de prensa antes de iniciar una reunión con el sector vitivinícola para exponer un primer borrador de esta normativa, que supone el «primer contacto formal con un documento escrito» pero no la primera reunión sobre el tema, ya que se han mantenido encuentros periódicos, ha dicho, en los que se ha puesto de manifiesto «la necesidad de regular el sector».
Martínez Arroyo ha señalado que la ley «apuesta básicamente por la calidad, no solo por hacer las cosas muy bien, que las hacemos, sino por transmitir que lo hacemos así para llegar a los mercados y convencer a los consumidores». «Nuestro producto es el mejor, es un vino elaborado en una tierra en la que se dan las características propias de la elaboración del vino, con la tecnología más avanzada en el mundo. Tenemos que presumir de ello», ha manifestado.
El titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recordado que algunos de los principales aspectos que plantea la norma es el impulso a la autorregulación del sector a través de la creación de una Interprofesional Regional del Vino que «pueda tomar decisiones en relación a cada campaña», un paso que ve «necesario» para el sector.
En este sentido, ha apuntado que es el propio sector el que quiere que exista este «foro estable de interlocución entre la administración y el sector».
Asimismo, la ley también va a amparar las decisiones que se tomen en cuanto a la reducción del rendimiento, la delimitación del grado mínimo de la uva en su entrada en bodega, la orientación de los productos en función del grado de la uva y «todo aquello que nos va a ayudar a trasladar un mensaje de mayor calidad y transparencia».
Además, la norma también prevé reconocer el papel de la Fundación Tierra de Viñedos y proteger a los viticultores, el «eslabón más débil» de la cadena agroalimentaria.
«Al final de esta reglamentación está la defensa de los intereses de los viticultores y de los trabajadores agrícolas. Es el deber de un Gobierno como el nuestro, que quiere dar sostenibilidad económica a toda la cadena pero se preocupa especialmente de aquellos que más necesidad tienen de que hay una normativa que ampare sus intereses», ha añadido.
NUEVA CONVOCATORIA DE REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO
Por otra parte, Martínez Arroyo ha anunciado que la próxima semana se publicará la nueva convocatoria de reestructuración de viñedo para el año próximo.
Asimismo, ha comentado que el viernes de la próxima semana se realizará el segundo pago de la campaña de reestructuración, que empezó el 16 de octubre. En este caso se pagarán 4 millones de euros para un total de 468 viticultores y una superficie de 1.400 hectáreas.
En total, ha señalado el consejero, se han pagado 10 millones de euros a 1.000 viticultores, lo que ha supuesto la reestructuración de una superficie de unas 3.000 hectáreas con el objetivo de «modernizar el sector, adaptarlo a la situación actual de la agricultura y garantizar la rentabilidad de las explotaciones».
