El Gobierno de Castilla-La Mancha ha situado en la agenda política regional la reforma del Estatuto de Autonomía bajo la argumentación, esbozada por algún parlamentario socialista, de que “necesitamos un Estatuto del siglo XXI”.
El Partido Popular ha brindado su apoyo siempre que sea para el bien de los castellano-manchegos y la mejora de sus derechos y sus servicios, pero en el Partido Popular de Castilla-La Mancha consideramos que sin financiación no puede haber Estatuto de Autonomía, porque es difícil imaginar una autonomía política sin el soporte de una autonomía financiera consagrada en el artículo 156 de la Constitución Española. Esto quiere decir ni más ni menos que antes de la reforma del Estatuto, o al mismo tiempo si se prefiere pero nunca después, hay que abordar la reforma de la financiación autonómica de Castilla-La Mancha.
Parece que hay cierto consenso en el hecho de que Castilla-La Mancha está infra financiada y hay quien se atreve a dar algún dato asegurando que nuestra región tiene una infra financiación anual de entre 800 y 1.000 millones de euros. Al margen de la cifra concreta, el catedrático de Hacienda Pública de nuestra universidad regional, Juan José Rubio, afirma que “el funcionamiento del sistema vigente de Financiación Autonómica origina diferencias en la financiación por habitante en las comunidades de régimen común(…).
En él se observan también la sedimentación del criterio del statu quo y el criterio de coste efectivo aplicado en el momento del traspaso de cada competencia y que introducen distorsiones en la financiación que deberían superarse en una fase madura de la financiación descentralizada” Es decir, que hay diferencias entre comunidades de régimen común y el resto y también diferencias por la cuantificación que se hizo de las distintas competencias en los momentos embrionarios del traspaso de las mismas. Es muy recomendable leer el informe que elaboró la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017. Ese informe dice muchas cosas, pero dice una esencial que está de plena actualidad.
Dice casi textualmente que un problema de gran relevancia en el funcionamiento del modelo de financiación ha sido el sistema de entregas a cuenta, que aísla a las CC.AA del comportamiento cíclico de los ingresos (…), limitando la adopción de medidas de ajuste cuando los ingresos tributarios se reducen y creando falsas expectativas de ingresos estables en fases de expansión económica. Para adecuar las entregas a cuenta a la realidad recaudatoria, la comisión propone, como alternativa principal calcular mensualmente las entregas a cuenta de los tres fondos, introduciendo cada mes los datos de recaudación del IVA, Impuestos Especiales e IRPF. A día de hoy y por un cambio en la gestión del IVA en 2017, que no ha sido capaz de solucionar el nuevo Gobierno del PSOE, nos vemos sin 135 millones de euros recaudados por este impuesto y que no han llegado a Castilla-La Mancha pese a tener derecho a ello. El Partido Popular seguirá exigiendo que el Gobierno de Page sea contundente a la hora de reclamar ese dinero que nos corresponde y que no podemos dejar que quede en las manos del Gobierno central porque hace falta en nuestra región.
Abordar esta cuestión siempre es asunto complejo. La reforma más reciente es la que el 15 de julio de 2009 aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con Zapatero como presidente del Gobierno. Esta reforma afectó a aspectos fundamentales de la financiación autonómica entre los que cabe destacar la ampliación de la cesión tributaria a las Comunidades y el diseño de un complejo sistema de transferencias. Esta reforma no fue a consecuencia de la caducidad de la anterior sino que tuvo un claro componente político. Antes de esta reforma, en 2001, se aprobó otra reforma del sistema de financiación mucho más consensuada que fue la diseñada por el ministro Montoro en el segundo Gobierno de José María Aznar.
Según palabras de la entonces consejera de Economía y Hacienda de nuestra región, María Luisa Araújo, se saldó “con un rotundo éxito para Castilla-La Mancha”, porque se consiguió una financiación adicional de 20.000 pesetas por cada castellano-manchego, lo que supondría una subida de la financiación per cápita superior a la media nacional en 10.000 pesetas. También destacó que el nuevo sistema de financiación autonómica es el resultado de numerosos encuentros y propuestas que finalmente culminaron en un acuerdo cerrado entre el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Vistos los antecedentes, queda claro que la reforma del sistema de financiación no es fácil, pero se ha hecho en el pasado y se puede volver a hacer con buena voluntad y venciendo las reticencias de las regiones más prósperas frente a las más desfavorecidas, como puede ser el caso de nuestra región; sobre todo porque la propia Constitución consagra esa solidaridad entre todos los españoles en el artículo 156 que he mencionado anteriormente.
Entiendo que ahora con el PSOE en el Gobierno de España y el PSOE en el Gobierno de Castilla-La Mancha, será incluso más fácil que antes obtener una buena financiación. Solo hace falta voluntad.
