La noticia, conocida ayer, de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha cifrado en 1.921 los fallecimientos registrados con sospechas de Covid-19 durante el mes de marzo, triplicando el dato oficial (708) no refleja solamente una descoordinación intolerable en términos políticos sino una flagrante falta de sensibilidad, inadmisible en términos morales. Parece obviarse que cada muerte es una historia vital interrumpida, una familia rota. Especular con este asunto no es de recibo, y menos aún en el contexto de una pandemia global que de manera tan fuerte nos está afectando a todos. Escudarse en la ausencia de pruebas diagnósticas que confirmaran los positivos, como está haciendo la Junta, con el fin de maquillar los datos reales supone un desprecio máximo a la sociedad castellanomanchega que entregó su confianza a este Gobierno, y revela una falta de transparencia impropia de lo que nuestros conciudadanos merecen y exigen por derecho.
Cuando un anciano muere en soledad en la habitación de una residencia. Cuando un paciente no puede ser atendido en una UCI porque no hay camas. Cuando un sanitario se contagia del Covid-19 porque la administración no le ha dotado del material de protección básico. Cuando Castilla-La Mancha es una de las regiones de España con mayor tasa de fallecidos en relación a su población, no puede desviarse la atención poniendo como excusa la cercanía de Madrid. Véase, si no, los casos de las provincias más alejadas, Albacete y Ciudad Real. La falta de sensibilidad del Gobierno de Emiliano García-Page, la ausencia de anticipación a los hechos, la arrogancia con la que sistemáticamente ha ido despreciando todas y cada una de las propuestas que de buena fe le hemos planteado desde la oposición y, además, su incapacidad de hacer cualquier cosa mínimamente parecida a la autocrítica, son rasgos que definen a la perfección la falta de liderazgo.
Un Gobierno doloso nos dice que el problema está en que somos una población envejecida, cuando Guadalajara es la sexta provincia más joven de España y Toledo la décima. Albacete está por debajo de la media de edad en España y solo Ciudad Real y Cuenca la superan, aún sin encontrarse entre las de mayor edad. Con todo, nuestras residencias de mayores están siendo uno de los principales focos del drama, centros absolutamente desasistidos, víctimas de la falta de previsión y de reacción. ¿Cuál es la ratio de auxiliares por anciano en las residencias de Castilla-La Mancha? ¿Qué protocolos de desinfección se han aplicado una vez declarada la pandemia? ¿Así es como la Junta entiende que merecen ser tratados nuestros mayores, la población más vulnerable?
Nada se dice de las causas del colapso sanitario. Ni de por qué se ha renunciado a pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. En la ciudad de Toledo las muertes se han multiplicado por seis mientras continúa cerrado el nuevo Hospital y para justificar este escándalo se han esgrimido argumentos tan falaces como que no está preparado. A la incapacidad política cabe añadir, por tanto, la falta de honestidad y de transparencia. Y a la ausencia de sensibilidad debemos sumar la soberbia, que encontró su más desafortunada expresión en la regañina televisiva de Emiliano García-Page a los sanitarios que, desesperados por el desamparo del gobierno autonómico, grabaron y difundieron un vídeo de denuncia de la situación de colapso total del servicio de urgencias del Hospital de Albacete, acaso porque desmontaba por completo el relato interesadamente edulcorado del propio García-Page. Los castellanomanchegos merecemos ser tratados como adultos y tenemos derecho a saber cuál es la situación real de la pandemia y cuáles son sus efectos en nuestra región. Ha tenido que ser el TSJCM quien ha cumplido esta función.
En definitiva, esta crisis está retratando a nuestro gobierno regional, siempre a remolque de los acontecimientos y afanado más en la condena a cualquier crítica que en la gestión que le corresponde hacer. En ningún momento ha tenido para con los grupos de la oposición la lealtad que ha exigido para sí, y que desde Ciudadanos hemos dispensado por responsabilidad institucional, por respeto a la sociedad de Castilla-La Mancha y porque ante una emergencia como ésta entendemos que lo que toca es arrimar el hombro. Pero la responsabilidad –y la obligación- de la oposición implica también una labor de vigilancia que pasa inexorablemente por señalar aquello que no se está haciendo bien, siempre con el fin único y exclusivo de animar al gobierno a enderezar el rumbo. Dicen que las situaciones de crisis sacan a relucir la verdadera talla de los líderes políticos. La sociedad castellanomanchega merece un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Y éste, lamentablemente, no lo está. Lo afirmo, francamente, con profundo dolor y decepción.