El rechazo mayoritario de los Diputados en el Congreso al Real Decreto con el que el Gobierno del PSOE y Podemos –con premeditación y alevosía- ha intentado confiscar los ahorros de los Ayuntamientos tiene varias lecturas. Ninguna de ellas excesivamente halagüeñas para el presente y futuro de un Ejecutivo sin cimientos sólidos que tiene que ser sustentado, a cada paso, en las votaciones de partidos del arco parlamentario de diferentes identidades, sensibilidades, e intereses.
El municipalismo se ha impuesto sobre la voracidad desmedida de un Gobierno nacional que parece estar desesperado por meter la mano en el bolsillo de la Entidad Local ahorradora.
Un Gobierno que lejos de buscar “amparo” y aumento de su solvencia económica en la
reducción de gastos superfluos –empezando por adelgazar la macro estructura de Ministerios, Asesores, Direcciones Generales y demás Organismos anexos-, o en la revisión de otras cuestiones directamente relativas a su propia gestión, opta por atentar, sin disimulo, contra el principio constitucional de autonomía fiscal y municipal de los Ayuntamientos.
Las cuentas no salen y los compromisos se multiplican. Los requerimientos –completamente legítimos y legitimados- derivados del combate declarado a la crisis del COVID, aumentan de forma exponencial, pero los socios directos de Sánchez están más preocupados en continuar con una hoja de ruta desnortada ya desde un principio, y ahora –con la que está cayendo- ya directamente propulsada a la estratosfera.
Las cosas no pintan fáciles. Por un lado se impone el dar respuesta a la situación real, por otro, el cumplimiento de los compromisos firmados sobre los que sustentar la fragilidad de un Gobierno al que el nombre Frankenstein se le acaba quedando más que corto.
Hay que buscar dinero debajo de las piedras. Pero además hay que trasladar seguridad y
certidumbre al pueblo y credibilidad internacional que posibilite la llegada de fondos millonarios con los que poder afrontar ayudas a empresas, pagos a parados y ERTES. A primera vista, pedir el apoyo –incondicional y sin reservas- al resto de fuerzas parlamentarias, no está siendo nada fácil. Y no será que Sánchez y su equipo no se están empleando lo suficiente buscando, entre otros, el esperpéntico respaldo de BILDU a sus Presupuestos Generales –con pésame de por medio, esta misma semana, ante el fallecimiento de un terrorista en prisión- o mostrándose más que dispuesto a reunirse en septiembre con los nacionalistas catalanes para retomar la mesa de diálogo. Al resto de grupos lo que pide Sánchez es algo así como que salten desde una plataforma de 50 m sin red. Y claro está, en la petición se incluye la coletilla de “hacerlo por España”. Es tiempo de solidaridad, centralidad y arrimar el hombro por el bien común (lo suscribo hasta la saciedad)… pero no como intenta imponer el sanchismo.
En los últimos días, han sobrevolado, además, los nombres de dos colectivos: el de funcionarios públicos y el de los pensionistas. Sobre los primeros podría pivotar el fantasma de una nueva congelación salarial para el próximo año. En cuanto a los segundos, desde hace días aparecen noticias sobre que los jubilados cobran más del 50% de lo que deberían recibir en base a lo cotizado a la Seguridad Social a lo largo de toda su vida laboral (probablemente para ir allanando el camino y que el impacto sea menor en caso de consumar cualquier tipo de intento de atraco).
Miedo da pensar qué tendrá en mente este Gobierno del desgobierno.
Ahora bien, lo que sí tengo claro es que la gestión es manifiestamente mejorable y no puede ser que siempre sea el ciudadano el que pague los platos rotos y además tenga que acoger con “brazos abiertos” a sus dirigentes porque si no se convierte en desleal, insolidario y mal patriota.
Pues mire usted, pero va a ser que no.
