El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes un incremento del dos por ciento en las retribuciones de los empleados públicos de las Junta de Comunidades, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y se hará afectivo en la nómina de este mes de febrero.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que esta subida no se ha llevado a efecto hasta que no se ha publicado el Real Decreto en materia de retribuciones.
Un Real Decreto que, según ha manifestado, dice que las retribuciones no podrán experimentar un incremento superior al dos por ciento respecto al 31 de diciembre de 2019. «Un año más agotamos todas las posibilidades que nos permite la legislación estatal», ha agregado.
Así, ha recordado que el incremento para los empleados públicos de la Junta fue del uno por ciento en 2016, del uno por ciento en 2017, del 1,75 por ciento en 2018 y del 2,5 por ciento en 2019; a lo que ha añadido el incremento del 3,5 por ciento tras la supresión de la denominada ‘tasa Cospedal’ y que la legislatura pasada se recuperó la totalidad de la paga extra de 2012.
«Si sumáramos los incrementos que nos autoriza la normativa estatal, mas la ‘tasa Cospedal’, mas la devolución de la paga extra suprimida en 2012, los 75.000 empleados de la Junta han visto incrementadas sus retribuciones en estos años en un 15,5 por ciento», ha argumentado el consejero de Hacienda.
En este sentido, ha señalado que se trata de «un esfuerzo presupuestario importante» por recuperar la capacidad adquisitiva que habían perdido los empleados públicos y que a este incremento se suma la posibilidad de subir un uno por ciento variable, siempre y cuando la economía crezca por encima del 2,5 por ciento.
Unas medidas que, para el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, responden al compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con los empleados públicos y se suman a otras futuras medidas como la aprobación, a lo largo del primer trimestre de este año, de la oferta pública de empleo correspondiente al 2020.
