ASAJA de Castilla-La Mancha ha recibido los resultados de las investigaciones que ha realizado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) tras las denuncias interpuestas por la organización agraria en julio y septiembre del pasado año.
ASAJA CLM ha valorado que se hayan abierto expedientes sancionadores a las empresas que cometieron infracciones, pero ha asegurado que se necesita actuar con mayor agilidad, de tal forma que se eviten prácticas irregulares reiteradamente en el sector vitivinícola. Por eso, ha pedido que se dote a la AICA con más recursos para que el organismo pueda actuar con rapidez en todos los procesos de control e investigación y evitar así que se repitan actuaciones que demuestran que los productores de uva son los únicos que pagan las consecuencias del desequilibrio de la cadena agroalimentaria.
En cuanto a las denuncias, la primera de ellas, de principios de julio de 2019, hacía referencia a una posible modificación por parte de los compradores del precio pactado en los contratos en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. Los operadores estaban presionando para rebajar unilateralmente el precio bajo amenazas de romper los contratos o no retirar el vino pactado.
La Unidad Técnica de Seguimiento de la Cadena e Inspección de la AICA fue la encargada de desarrollar la actividad de control y, “como resultado de las comprobaciones realizadas a raíz de la denuncia presentada” por ASAJA CLM, por posibles incumplimientos a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se han abierto varios expedientes sancionadores.
En la segunda de las denuncias, de principios de septiembre de 2019, la organización agraria ponía en conocimiento de la AICA que algunas bodegas estaban recibiendo uva sin poner en conocimiento del viticultor los precios de su producto, atentando contra la propia Ley de la Cadena Agroalimentaria, que establece la obligatoriedad de fijar los precios en los contratos.
La Unidad Técnica de Seguimiento de la Cadena e Inspección vio también indicios en esta ocasión, dando como resultado otros cuantos expedientes sancionadores por sus correspondientes infracciones.
ASAJA Castilla-La Mancha ha lamentado que los procesos de investigación y sanción se demoren tanto, pues supone un obstáculo más para posicionar al agricultor en la cadena de valor, en la que actualmente ocupa el último lugar.
Igualmente, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria se modificó y se introdujo que los contratos alimentarios, además de la obligatoriedad de reflejar el “precio con expresa indicación de todos los pagos”, deberán contener “indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”.
Sin embargo, la demora y la pasividad de la administración regional y nacional para actuar ante situaciones de abuso, está permitiendo que la industria continúe presionando a los productores y reiterando prácticas abusivas.
Por ello, la organización agraria ha animado a sus socios a que pongan en conocimiento de ASAJA CLM todos los contratos en los que no se fije explícitamente el precio y los que consideren que no cubren los costes de producción, así como otro tipo de posibles prácticas fraudulentas que detecten, con el objetivo de seguir poniendo en marcha las actuaciones necesarias para terminar con los abusos de la industria a un sector que ha demostrado ser estratégico para la economía y la sociedad española.
