Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como España e Italia.
Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.
«¡Acuerdo!», ha anunciado en redes sociales el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, poco después de las 5.30 horas del martes. «¡Día histórico para Europa», ha expresado también en Twitter el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que el acuerdo es «una señal sobre la capacidad de actuar» de la UE. «Europa tiene la valentía y la imaginación de pensar en grande», ha enfatizado en una rueda de prensa la alemana.
«El esfuerzo ha sido extenuante pero el resultado es exitoso, ha merecido la pena. Europa está dando un paso de gigante», ha destacado en una rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para desbloquear la negociación han sido necesarios cuatro días de intensas negociaciones –que estuvieron cerca de descarrilar en la madrugada del domingo al lunes– y un puñado de cesiones a los países del Norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia), los socios que con más firmeza han reclamado un plan menos ambicioso.
ENFRENTAMIENTO NORTE-SUR
El autodenominado ‘grupo de los frugales’ ha peleado durante las cuatro jornadas por un fondo de menor cuantía con una contundencia que incluso llegó a irritar al eje franco-alemán de Angela Merkel y Macron y a los socios del sur de bloque como Italia, España, Portugal y Grecia.
El pulso ha sido muy evidente por los mensajes cruzados que se han lanzado públicamente durante estos días, de un lado, los primeros ministros de Países Bajos y Austria, Mark Rutte y Sebastian Kurz, y del otro, los primeros ministros de Italia y de Portugal, Giuseppe Conte y António Costa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cambio ha optado por un perfil más discreto y diplomático, según ha explicado Moncloa.
En una rueda de prensa, Macron ha reconocido que ha sido una negociación «marcada por las dificultades» derivadas de las «diferentes concepciones» de Europa entre los socios comunitarios, pero ha subrayado que el acuerdo definitivo es «proporcionado» y el «necesario» para conseguir «lo más importante», que era sacar adelante el fondo de reconstrucción.
Merkel, en la misma línea, ha señalado que un «grupo de países» no estaba «entusiasmado» con la idea inicial del plan de recuperación y los debates «no fueron fáciles». «Veníamos de diferentes puntos de partida, pero lo que cuenta al final es que hemos llegado a un acuerdo», ha destacado la alemana en una comparecencia conjunta con su homólogo francés.
MENOS SUBSIDIOS Y MÁS CONTROL DE LAS AYUDAS
A pesar de su empuje, los países del norte no han conseguido reducir el tamaño global del fondo, que preserva los 750.000 millones iniciales, pero a cambio han obligado al resto de socios a recortar la parte que se distribuirá a los países en forma de subvenciones a fondo perdido, otra de sus principales reivindicaciones.
Finalmente, las transferencias se quedarán en 390.000 millones de euros, 110.000 millones menos que los que recogía la primera propuesta que llegó a la mesa de los líderes. El resto del fondo, 360.000 millones de euros, llegará a los Estados miembros en forma de préstamos que tendrán que devolver.
Otra de las victorias que se han apuntado los países del norte es el aumento de sus ‘cheques’ de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros.
Países Bajos también ha conseguido introducir una mayor supervisión de las ayudas, pero no tendrá una capacidad real de veto si considera que las reformas que ha planteado un país concreto para recibir fondos no son las adecuadas.
El acuerdo final establece que los planes nacionales de reformas serán aprobados con mayoría cualificada entre los Veintisiete y los desembolsos posteriores dependerán del cumplimiento de una serie de objetivos preestablecidos. La Comisión Europea evaluará si se han cumplido estos objetivos, aunque excepcionalmente uno o más socios que tengan dudas de su análisis podrán pedir que debata entes a nivel de líderes.
«Teníamos una línea roja: Nunca hubiéramos consentido que ningún país tuviera el derecho de veto o de intromisión sobre los planes nacionales», ha dicho sobre esta cuestión el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para quien hubiera sido «inaceptable» aceptar que un Estado miembro pudiera «invadir» las competencias de la Comisión Europea.
RECORTES EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS
Así, la mayor parte del fondo de recuperación irá dirigido a los gobiernos europeos para apuntalar sus economías, pero el resto se utilizará para reforzar el presupuesto de distintos programas europeos. Estas dotaciones, no obstante, han sido objeto de importantes reducciones en las negociaciones para poder ampliar las ayudas a las países.
Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para la Transición Justa, pieza clave en el llamado Pacto Verde Europeo puesto que canalizará dinero para regiones muy dependientes del carbón. Su dotación con cargo al fondo de recuperación se reduce a 10.000 millones de euros desde los 30.000 millones previstos inicialmente.
El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original y se reduce hasta 7.500 millones, el programa europeo de I+D (Horizonte) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación (frente 13.500 millones que pedía Bruselas) y el programa comunitario de inversiones (InvesEU) recibirá 5.600 millones de este plan.
Además, desaparece el fondo para incentivar inversiones privadas en empresas a través del BEI, que contaba con un presupuesto de 26.000 millones y buscaba solventar el escaso margen fiscal de algunos países como España para recapitalizar su tejido productivo.
