El Gobierno de Castilla-La Mancha prorrogará durante todo el año 2021 las medidas excepcionales que aprobó en el ámbito tributario para flexibilizar las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de naturaleza pública con la Administración regional, al objeto de mantener esa inyección de liquidez en la economía de la región.
La resolución de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego por la que se prorrogan estas medidas excepcionales se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La mancha (DOCM), según ha informado la Junta en nota de prensa.
Fue el pasado mes de julio cuando entró en vigor la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se establecían estas medidas, cuya vigencia se fijaba hasta el próximo día 31 de diciembre.
Tal como explicó en su momento el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo de esta orden es contribuir a aliviar la complicada situación que la crisis sanitaria del coronavirus está suponiendo en los operadores económicos de la región, al permitirles mitigar los problemas de liquidez que pudieran estar teniendo, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.
Dado que las circunstancias que motivaron la adopción de estas medidas excepcionales aún se mantienen, el Gobierno autonómico ha decidido prorrogar las mismas un año más, lo que permitirá que los recursos económicos puedan continuar en manos de los contribuyentes, en lugar de ser recaudados con carácter inmediato por la Administración regional, lo que les ayudará a superar las posibles dificultades transitorias de tesorería que la crisis ocasionada por la COVID-19 les esté pudiendo ocasionar.
En concreto, son tres las medidas en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública con la Administración regional que se establecían en la orden de julio y que ahora se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2021.
En primer lugar, no se exige aval a los contribuyentes que tengan una deuda de hasta 30.000 euros de recursos económicos propios de la Administración regional cuando soliciten aplazar o fraccionar su pago.
En segundo término, se conceden fraccionamientos de manera automática, sin ningún trámite, cuando el importe de las deudas que se pretenden fraccionar es inferior a 10.000 euros.
Finalmente, se concede una carencia de hasta seis meses en el pago de las cuotas derivadas de aplazamientos y fraccionamientos de deudas sin necesidad de justificación.
