El interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, ha defendido en sede parlamentaria el Informe Anual de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2017 y aprobado por el Tribunal de Cuentas considerando que este órgano avala la gestión económica del Ejecutivo en ese ejercicio; mientras que tanto PP como Cs han pedido explicaciones por lo que consideran un informe que recoge «irregularidades» y denota que dicha gestión fue «desastrosa».
Martín Cabeza, en la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales donde se han debatido las conclusiones de este informe, ha apuntado que hay que destacar que el Tribunal reconoce «una total ausencia de irregularidades».
«El Tribunal no ha encontrado ninguna irregularidad, por tanto, toda la actividad se ajusta a la normalidad. No hay indicios de ningún tipo de ilegalidad», ha defendido el director general.
Sí reconoce «incidencias, la mayoría de carácter menor», ya que «siempre hay extremos que se pueden mejorar». El informe hace una serie de recomendaciones al hilo del estudio realizado, «algunas de ellas que ya se han ido cumpliendo en siguientes ejercicios».
Ha negado que haya una «total falta de control de gasto público», algo que el Tribunal no considera, aunque hay «matices contables que puedan ser discutibles». «El control interno funciona perfectamente», ha enfatizado.
CS: «EL INFORME REVELA LA MALA GESTIÓN»
El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha considerado que este informe revela «mala gestión» por parte del Gobierno, alertando que «pasará factura».
Para el parlamentario «controlar el gasto público no es solo una obligación, sino cuestión de ética pública, porque el dinero es de todos».
Ha resaltado que el informe destaca «graves fallos» en cuanto al patrimonio, irregularidades como pagos a una empresa de Illescas ya pagados con anterioridad o una ley de Hacienda «muy laxa» en cuanto a las modificaciones de crédito presupuestario.
El Tribunal, recuerda Muñoz Zapata, «señala que el Gobierno no aprobó un plan de tesorería y esto provoca problemas para atender el pago a proveedores». «Si no se hace un plan, la caja se vacía, y si a esto le unimos que el fondo de reserva para deuda no se provisionó, se concluye que Castilla-La Mancha lleva 10 años entre las comunidades autónomas más endeudadas», lamenta.
Falta de transparencia en gasto público o no publicar actas de mesas de contratación son otras de las irregularidades contempladas en el informe y por las que Ciudadanos ha pedido explicaciones.
Según las conclusiones del partido naranja, «se hace un uso irresponsable del dinero, que se usa en intereses políticos y no generales», con «graves deficiencias en gestión de Recursos Humanos en Sanidad».
En esta línea, ha lamentado la «alta temporalidad» de los contratos de profesionales sanitarios, «algo que desafío la jurisprudencia del Tribunal Europeo».
También ha reparado en la «falta de paridad» en el sistema directivo funcionarial, y ha aconsejado «evaluar cada euro que se gasta». «Tenemos que ser más escrupulosos».
PP CREE QUE EL INFORME REVELA «UNA CATÁSTROFE PRESUPUESTARIA»
De otro lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha arrancado la rueda de prensa previa a la Comisión lamentando la «tardanza» a la hora de dar explicaciones en sede parlamentaria sobre este informe, el cual ha valorado como «una auténtica catástrofe presupuestaria que ni la UME pondría en cintura por su cúmulo de deficiencias».
El Tribunal de Cuentas, según el parlamentario ‘popular’, «saca los colores y destapa la catástrófica gestión» del Gobierno con un informe que recoge «irregularidades», que en su opinión son consecuencia de «haber metido en el Gobierno a los radicales de Podemos».
También ha tenido palabras de crítica para Cs, que ahora también pide explicaciones por este informe pero aún así no exige al Gobierno convocar la Comisión de Estudio por la gestión de la crisis sanitaria. «No pueden ser un día el azote del Gobierno y otro la muleta, tienen que tener clara su posición», ha aconsejado al partido naranja.
Repara el diputado ciudadrealeño en que en 2017 «se incumplió la regla de gasto»; y se elevó la deuda hasta los 14.400 millones de euros. Para Rodríguez, «no se puede mirar para otro lado porque es deuda generada por el PSOE».
También resalta que el informe destaca el «alto grado de interinidad» en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como otro de los extremos más graves de las conclusiones del Tribunal de Cuentas.
PSOE: «NORMALIDAD Y ALGUNAS SALVEDADES»
De su lado, el diputado del PSOE Fernando Mora ha considerado que en virtud de este informe en 2017 «las cuentas de la Junta se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables».
Este informe «hace una valoración positiva en general de lo que ha sido el presupuesto de 2017», y ha recordado que ha tenido que ser elaborado por el Tribunal de Cuentas nacional porque en la anterior legislatura con el PP en el Gobierno se suprimió el órgano regional.
El texto solo hace «recomendaciones» y apunta alguna «salvedad» que Mora ha circunscrito en la normalidad de la gestión de un presupuesto de 9.000 millones de euros, algo que «ocurre en el Estado, el resto de comunidades autónomas y todo lo que se fiscaliza».
«No se detecta ninguna ilegalidad. Entiendo que el PP hinche las cosas y saque las anécdotas como si fuesen realidades que nos van a arrollar», ha manifestado Mora, retando al PP a «llevar a los tribunales» este informe si ve algo susceptible en sus conclusiones de ser judicializado.
Ha recordado en este punto que, por ejemplo, sí se ha condenado la gestión en etapa de Gobierno del PP de quien fuera director general de Radio Castilla-La Mancha, Nacho Villa.
Del mismo modo, ha reincidido en que en ese 2017 hubo obligaciones financieras como la recuperación de la paga extra de funcionarios suprimida por el Ejecutivo del Partido Popular en la legislatura precedente.
