Una veintena de Juzgados en toda España, la mayoría de instrucción penal, tienen ya causas abiertas para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias de ancianos, y en Castilla-La Mancha se han abierto un total de 14 diligencias penales y otras 9 civiles impulsadas por Fiscalía. La región castellanomanchega es una de las comunidades que también acumula más procedimientos judiciales ya abiertos, un total de cinco en Albacete y Ciudad Real según las mismas fuentes.
No obstante, este número puede verse incrementado en las próximas semanas si se tiene en cuenta que las diferentes fiscalías suman más de 130 diligencias de investigación en este ámbito según los últimos datos facilitados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La evolución de este tipo de actuaciones sigue en ascenso, ya que hace una semana los datos oficiales arrojaban 109 diligencias penales y una docena de causas ya abiertas en juzgados. Los casos siguen siendo más numerosos en Madrid -que pasa de 42 a 61 diligencias fiscales incoadas en una sola semana- y en Cataluña, que suma una más desde la última actualización y se sitúa en un total 25.
En cuanto a las actuaciones civiles, según el último recuento realizado por Fiscalía, se ha registrado un total de 192 actuaciones, de las cuáles 176 siguen en trámite y 16 han sido archivadas.
INVESTIGACIÓN A RESIDENCIAS Y PROFESIONALES
Las diligencias penales aportadas por la Fiscalía General arrojan una fotografía que no es fácil cuantificar en datos totales, pues hay que tener en cuenta expedientes archivados, otros que se acumulan por afectar a centros objeto de varias denuncias y actuaciones que no son específicas a residencias de ancianos, sino que afectan a otros tipos de centro asistencial o a terapeutas o profesionales de modo individual.
Además, los datos facilitados por a FGE ha sido recabados por los fiscales superiores de las diferentes comunidades autónomas, por lo que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos tanto en residencias como en instalaciones sanitarias, según apunta la Fiscalía en una nota.
ACTUACIONES PENALES POR TERRITORIOS
En cuanto a las actuaciones en el ámbito penal por territorios, en Madrid la Fiscalía Provincial ha incoado un total de 47 diligencias de investigación, si bien a este total hay que restar 8 han sido acumuladas en procedimientos ya abiertos anteriormente. Se suman otras 7 actuaciones de la Fiscalía de Alcalá de Henares, otras 7 por la Fiscalía de Getafe-Leganés y 8 por la de Móstoles-Fuenlabrada.
En cuanto a los juzgados madrileños, ya investigan a las residencias los de instrucción número 51, 12, 48 y 42 de Madrid, el número 1 de Navalcarnero y el número 2 de Alcobendas.
Por su parte, Cataluña acumula 25 diligencias penales de las que 9 corresponden a otras tantas residencias mientras que la última es una denuncia de un particular contra la Administración. A ello se suman cuatro actuaciones respecto de otras tantas residencias del área de Granollers; una del área de Manresa-Igualada; cinco de Sabadell, dos de Terrassa, dos de Mataró, y una de Tarragona.
En esta comunidad autónoma ya se investiga judicialmente lo ocurrido en los centros asistenciales por parte del Juzgado número 4 de Sabadell, y el número 4 de Cerdanyola del Vallés.
El número de actuaciones es también notable en el caso de las Castillas, ya que en Castilla La Mancha se acumulan 14 diligencias penales correspondientes a las fiscalías de Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara. En Castilla y León la Fiscalía suma 10 diligencias de investigación abierta y se han archivado otras seis, mientras que este asunto se investiga ya en cuatro juzgados de Burgos, Soria, Ávila y León.
Andalucía continúa estando exenta de actuaciones, al archivarse la presentada por Vox en la Fiscalía Provincial de Huelva; mientras que en Aragón se acumulan tres diligencias penales abiertas, dos en Zaragoza y una en Teruel, mientras que la abierta en su día en Huesca resultó archivada. En Asturias resultó también arhivado el escrito de denuncia que el citado partido político interpuso en la fiscalía provincial.
En Canarias se mantienen vivas dos diligencias de investigación por parte del la Fiscalía del Área de Arrecife-Puerto del Rosario, una de ellas en relación a la situación de las personas mayores alojadas en el domicilio particular del responsable de un centro, mientras que la otra se han incoado en virtud de documentación remitida por la Consejería de Políticas sociales.
Por otro lado, en Cantabria aún se sigue investigando la denuncia de Vox, mientras que otras dos denuncias, una de ellas interpuesta por un sindicato de trabajadores de residencias han sido archivadas.
Por lo que respecta a Extremadura, se mantienen en trámite dos diligencias en la Fiscalía Provincial de Cáceres y otras dos en Badajoz, mientras que el Juzgado de Valencia de Alcántara (Cáceres) ya instruye un procedimiento desde mediados de abril en virtud de la denuncia de un particular. En La Rioja y Baleares se contabiliza una única diligencia, respectivamente, mientras que no se da ningún caso en Murcia, Navarra ni en el País Vasco.
Finalmente el número de diligencias fiscales vuelve a subir en Galicia, con una docena de ellas repartidas en las fiscalías de Lugo (una diligencia por supuesta situación de maltrato a residentes a la que se suma la presentada por Vox), otras 7 en la Fiscalía Provincial de Oruense, dos en Santiago de Compostela y otras dos en la de A Coruña. En cuanto a los Juzgados, está abierto un procedimiento en el Juzgado número 1 de Cangas.
PROCEDIMIENTOS CIVILES
En cuanto a las actuaciones civiles, según las cifras ofrecidas por la Fiscalía este miércoles, constan 85 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Continúan vivas 81, pues una de ellas se ha archivado y otras 3 se han transformado en diligencias de investigación, de las cuales una también se cerró.
En Galicia, se han registrado 16 diligencias, entre las que se incluye una relacionada con un centro de menores, otra por residuos sanitarios y otra por comunicación con la Fiscalía General del Estado. De este total, siete se han archivado.
En Extremadura, se han contabilizado 8 diligencias civiles, pero sólo cinco siguen en trámites. De las tres actuaciones archivadas, una era una diligencia de discapacidad. Mientras, en Murcia, se han incoado 2 diligencias, una de ellas por el fallecimiento de una persona de 27 años.
En el resto de España los datos son los siguientes: Castilla y León se han incoado 25 diligencias civiles (1 archivada); 16 en Andalucía; 14 en Comunidad Valenciana (a las que próximamente se sumarán otras 4); 9 en Castilla-La Mancha, de las cuales tres están pendientes de archivo; 4 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias (una archivada); 1 en La Rioja; 1 en Navarra y 1 en País Vasco.
