El Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha ha mantenido este lunes su primera reunión tras el cambio en su composición para hacerlo más operativo, donde se han analizado proyectos puestos en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha que saldrán adelante esta legislatura como la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de la región, cerca de entrar en las Cortes, además del análisis de la nueva Ley del Vino y la futura Ley de Calidad Diferenciada, que quieren ponerse en marcha en estos cuatro años.
Convocado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, este Consejo Asesor cuenta con la presencia de las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA y las Cooperativas Agroalimentarias, además de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y los sindicatos CCOO y UGT.
Además de estos asuntos, también se ha abordado la PAC, después de que en el Diario Oficial se haya publicado la Orden que establece la solicitud única de las ayudas para el año 2020, ha informado la Junta en un comunicado.
Así, se contará con 12 líneas de ayudas, poniendo alrededor de 750 millones de euros de ayudas este año para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos que tienen hasta el 30 de abril para presentar su solicitud.
Aquí, al igual que en otros asuntos de relevancia, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural trabaja, junto a las cooperativas y organizaciones agrarias, para la gestión de los expedientes y poder pagar, «como hacemos», el primer día de octubre que es posible hacer el anticipo de esta política europea.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha estado respaldado por los representantes agrarios, en una jornada que ha coincidido con la previa de las movilizaciones previstas en Castilla-La Mancha.
En esta línea, Martínez Arroyo ha destacado la «sensibilidad» demostrada por el actual Gobierno regional, con un trabajo constante en la interlocución, que ha quedado reflejada esta tarde, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto para conseguir objetivos que beneficien al sector.
En un momento que ha calificado de «delicado» con movilizaciones relacionadas con los precios, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se reconoce la necesidad de que los agricultores y ganaderos reciban un «precio justo por sus producciones» y no solo debe ser justicia económica, sino «social, territorial y ambiental, porque la labor de nuestros agricultores va más allá de lo meramente económico» ha dicho.
En esta línea, ha resaltado que no sirve solo con trabajar en la propia cadena agroalimentaria, sino también hay que hacerlo «reforzando» el eslabón de los agricultores y ganaderos y las cooperativas, para que haya «empresas más fuertes» y que «condicionen los mercados»; de la misma manera que hay que reforzar los trabajos para que los consumidores, el eslabón que decide al final qué se consume, «aprecien realmente los productos de la tierra, el valor de marca».
En plenas conversaciones para la reforma PAC, Francisco Martínez Arroyo ha incidido en que la nueva Política Agraria Común «nos dé herramientas suficientes», sobre todo al sector, que es el que tiene autorregularse, «para que en momentos de crisis, el sector pueda responder bien», y en esta línea, ha subrayado, se trabaja en Castilla-La Mancha desde el Ejecutivo con las organizaciones agrarias y las cooperativas.
En el encuentro, que se une a otros informales para tratar aspectos como los precios del aceite de oliva, mantenido recientemente, han estado además, presentes, el viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, así como las directoras generales de Agricultura y Ganadería, Alimentación y Políticas Agroambientales, Cruz Ponce, Elena Escobar y Silvia Nieto, respectivamente.
