El Gobierno y las comunidades autónomas han diseñado este miércoles, 3 de abril, un modelo común de título habilitante para acreditar una situación de violencia de género a través de un informe de los servicios sociales u otros profesionales. Este reconocimiento permitirá a las maltratadas acceder a determinadas prestaciones sociolaborales sin necesidad de interponer denuncia o que exista sentencia judicial.
La condición de maltratada solamente se reconocía mediante una sentencia judicial, una orden de protección previa denuncia, o un informe del Ministerio Fiscal que indicase la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género. Pero a través de un real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Gobierno amplió el pasado mes de agosto los modos de acreditación de esta situación.
Con este fin, reformó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004, para establecer que estas situaciones «podrán acreditarse» mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.
Si bien esta modificación ya fue aprobada, el Gobierno y las comunidades autónomas tenían pendiente diseñar «de común acuerdo» los procedimientos básicos «que permitan poner en marcha estos nuevos sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género», tal y como se recoge en el decreto ley.
UNIFICADO EL MODELO DE LA ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVA
Así, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se ha celebrado este miércoles bajo la presidencia de secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha sido consensuado el modelo que unifica en todo el territorio el texto de dicha acreditación administrativa.
Tras ello, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida, tales como los institutos de la Mujer de cada territorio, centros asesores de la Mujer, servicios sociales, o lo que cada autonomía determine.
En su día, el Gobierno justificó la puesta en marcha de este título habilitando recordando que, de acuerdo a la Macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2015, el 65% de las víctimas de violencia de género no denuncian su situación. De hecho, según la estadística oficial, en lo que va de año un total de 15 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, de las que solamente una había denunciado a su agresor.
Desde el Ejecutivo subrayaron la necesidad de establecer otros títulos no judiciales habilitantes para aquellos casos en los que no hay denuncia previa y, por tanto, no hay abierto ningún procedimiento judicial abierto.
La acreditación de víctima de violencia de género a través de este título habilitante reconocerá los derechos laborales y el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género.
CRITERIOS DE REPARTO DE 100 MILLONES
En la reunión, también se han acordado los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal y como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cumpliendo así con los plazos de ejecución de los fondos.
El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.
También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.
La Conferencia Sectorial ha dispuesto 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.
Del total, 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones
y/o abusos sexuales.
CASTILLA-LA MANCHA
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha valorado que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género sea válida en todo el Estado tras su aprobación por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Según ha recordado, el objetivo de esta medida es ofrecer una mejora en la respuesta institucional a la hora de acceder a los beneficios y derechos sociolaborales que se recogen en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con independencia de su lugar de residencia sin supeditarlo a la judicialización del caso.
En la actualidad, más del 60 por ciento de las víctimas de la violencia de género conocidas no presenta denuncia por lo que, atendiendo a esta casuística, se ha llegado al acuerdo que se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
La directora del Instituto de la Mujer ha destacado que esta decisión ya venía recogida en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y en ella se llevaba trabajando desde 2017 en las diferentes Conferencias Sectoriales de Igualdad, ha informado la Junta en un comunicado.
Araceli Martínez ha recordado que en el artículo 7 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género se recogen los mecanismos de acreditación de la condición de víctima de violencia de género donde se hace referencia a una sentencia o resolución judicial, un informe del Ministerio Fiscal, una orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas de protección cautelares o un informe del Instituto de la Mujer debidamente documentado.
