La primera reunión de la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha creada en las Cortes regionales se ha zanjado con una declaración de intenciones de los tres grupos parlamentarios que la integran, pues PSOE, PP y Ciudadanos no han avanzado ni en la programación de trabajos a realizar ni han adoptado acuerdo alguno.
Lo que sí han concertado, además de la urgencia de abordar esta cuestión que afecta de lleno a la región, es agilizar el trabajo, pues al ser una comisión de estudio –propuesta por Ciudadanos– tiene un plazo máximo de un año desde su creación para redactar una ponencia.
En los 20 minutos que ha durado, tampoco ha habido unanimidad entre los grupos en cuanto a si expertos o colectivos han de prestar testimonio en dicha Comisión, pues mientras Ciudadanos y PP si quieren escuchar a personalidades y expertos en la materia, aportando incluso nombres concretos, el PSOE, a pesar de admitir que es necesario oír a colectivos competentes, no se ha mostrado muy convencido de que sea oportuno que lo hagan en las Cortes regionales.
PREMIAR A FUNCIONARIOS Y MÁS PLAZAS DE RESIDENCIAS
La primera en intervenir ha sido la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, que tras apremiar a «calendarizar» nuevas reuniones de esta comisión, ha defendido que a su partido le «preocupa y ocupa» el tema de la despoblación, como evidenció este martes su líder, Albert Rivera, en Guadalajara, donde, en un acto de precampaña, dejó una retahíla de propuestas fiscales para favorecer la creación de empresas y de empleo en el medio rural.
A la receta nacional que Ciudadanos tiene para combatir el éxodo rural, la representación castellanomanchega propone «premiar» con un complemento salarial a todos aquellos empleados públicos, como médicos o profesores, que se asienten en el campo y contribuya a fijar población.
También aboga, tal y como ha explicado Picazo, por crear más plazas concertadas en residencias de mayores y equipos itinerantes de psicólogos y terapeutas que atiendan a los usuarios de estas infraestructuras, pues gran parte de la población que queda en las zonas rurales está envejecida.
De igual modo, Ciudadanos quiere escuchar, en el marco de esta comisión, tanto a expertos como afectados, que son los que entienden de este fenómeno. De ahí que quieran contar con el testimonio de FADEMUR de María Ángeles Rosado, cabeza de lista del partido al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara, que es «gran experta en la materia». Asimismo, quieren abrir canales entre administraciones para conocer los trabajos que tanto otras comunidades autónomas, como la FEMP o la Unión Europea han realizado al respecto.
REEDITAR LOS FUEROS
De su lado, Benjamín Prieto, elegido por el PP para redactar la ley contra la despoblación que este partido va a presentar en las Cortes regionales, se ha mostrado confiado, en declaraciones a los medios previas a la Comisión, en que «no se cumpla el adagio que dice ‘sí quieres que algo no funcione, crea comisiones'».
Tras la broma, Prieto, que ha asegurado que su partido acude a esta comisión con «ánimo constructivo», ha recordado que su formación en el abordaje de este asunto va a proponer la modificación de diferentes leyes que afectan a las zonas rurales, como la de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), así como una revisión fiscal.
De igual modo, ha avanzado, los ‘populares’ quiere recuperar «fases de ocupación» que se han llevado a cabo en el país en otros momentos históricos con el objetivo de aumentar el número de pobladores en el medio rural. En este punto, y a preguntas de los medios, ha aludido a los fueros medievales que se crearon en la época de la Reconquista con los que, por medio de la concesión de determinados privilegios para proteger a sus habitantes, hacer atractivos ciertos lugares de la región, que ya de por sí cuentan con encanto histórico o natural.
De otro lado, Prieto, que también es alcalde de un municipio de Cuenca de menos de 300 habitantes, se ha mostrado confiado en que el Comisionado para el reto demográfico –creado por el Gobierno regional el pasado mes de julio– no solo sea «un ente» y en que los presupuestos para el 2020, que de momento poco aportan a esta cuestión, se modifiquen.
Al igual que la representante de Ciudadanos, el del PP sí quiere que sindicatos agrarios, grupos de acción local, la UCLM así como colectivos y asociaciones pasen por la Comisión para poder aportar soluciones.
PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
Por su parte, el Grupo Socialista ha tenido dos portavoces que han fijado posición, los diputados María Jesús Merino y Francisco Pérez Torrecilla, y que han coincidido en destacar el trabajo del Gobierno regional en el abordaje de la despoblación. De ahí, que se hayan referido tanto a la creación del Comisionado para el Reto Demográfico como a una Ley territorial contra la despoblación.
Merino, que es alcaldesa de Sigüenza, comarca muy afectada por la pérdida de habitantes, ha indicado a preguntas de los medios que la LOTAU, tal y como pide el PP, se podría modificar y que habrá que esperar a tener un gobierno «estable» para ver qué tipo de incentivos fiscales se pueden aplicar a las zonas rurales, en respuesta a la propuesta de Ciudadanos.
Mientras, Pérez Torrecilla, que es alcalde de Sacedón, tras admitir que hay que escuchar a colectivos ha dudado, no obstante, de la validez de que aporten sus conocimientos en las Cortes. Por último, ha precisado que para el próximo «verano» la Comisión tendría que haber cerrado una ponencia para trasladar al Gobierno regional.