La diputada regional de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Úrsula López, ha registrado una petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para que aclare la resolución del contrato de concesión de ambulancias y los motivos por los cuales no se hizo antes, teniendo en cuenta la «interminable» lista de «incumplimientos» de la concesionaria desde hace más de dos años.
«Nuestros profesionales sanitarios han tenido que desarrollar su trabajo en malas condiciones y los ciudadanos han recibido un servicio sanitario deficitario por la falta de rigor que ha tenido el Sescam a la hora de velar por el cumplimiento del contrato», ha señalado en nota de prensa la diputada regional.
López ha instado al Consejero de Sanidad a aclarar las razones por las cuales se ha tardado tanto tiempo en resolver un contrato que «claramente» se estaba incumpliendo. «El mal ya está hecho, pero la Directora Gerente del Sescam y el Consejero de Sanidad no pueden eludir responsabilidades».
Por ello, la diputada regional de Cs ha exigido que Fernández Sanz rinda cuentas en las Cortes por «haber mirado hacia otro lado» todo este tiempo y no haber solucionado antes este problema. «Rendir cuentas por un problema como este, que ha durado durante más de dos años, no se soluciona con una escueta nota explicativa. El Consejero debe comparecer en las Cortes», ha añadido.
Para López, médico de profesión y diputada por Ciudad real, «un contrato, para algo tan sensible como son las ambulancias en las que se trasladan a los pacientes castellanomanchegos, no podía convertirse en una subasta al mejor postor, por lo que exigimos la comparecencia inmediata del Consejero».
Por último, López ha advertido que en aras de evitar que esta situación se vuelva a repetir, Ciudadanos pide a la Junta lo que lleva pidiendo desde hace dos años cuando se adjudicó el contrato: que garantice la correcta prestación de los contratos públicos, y asimismo, se cumpla con los requisitos que se exigen en los pliegos, para acabar con las «trampas» de determinadas empresas que hacen ofertas a la baja para garantizarse la adjudicación, y luego exigen modificaciones del contrato que aumenta su coste.
«Esta mala praxis la pagan todos los castellanomanchegos con su dinero, la licitación de esta concesión redujo a la mínima expresión los criterios de calidad, experiencia e infraestructuras de las empresas e hizo primar la oferta económica más baja», ha señalado, a lo que ha añadido que «un correcto seguimiento de la ejecución del contrato habría hecho que se pusiera fin a esta situación mucho antes de lo que se ha hecho y se habrían evitado muchos problemas a los profesionales de las ambulancias y muchas molestias a los pacientes».
