Dicho así, puede sonar extremo, pero durante estos días muchos hogares castellanos manchegos, no han podido, ni podrán, encender la calefacción, a pesar de que el día 1 de noviembre sea “la puesta de largo de las calefacciones”.
La electricidad está imposible de usar, cada día sube más. Viendo las tarifas es misión imposible. El gasoíl sigue subiendo, el gas igual. Entonces ¿Qué nos queda?
Con esto, se nos está vendiendo el bono social como la panacea, pero dicho bono es bastante restrictivo y engañoso, ya que se cuenta que los descuentos afectan a la totalidad de la factura, cuando en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios/hora consumidos cada mes: 100 kWh si los beneficiarios son familias sin menores, 140 kWh si tienen un menor o son pensionistas, 170 kWh si tienen dos menores y 300 kWh si son familias numerosas.
Pero ¡ojo!, si tienes contratada la luz con una cooperativa u otra fórmula que no sea con las comercializadoras al uso, no se tiene derecho al bono. Es más, si se dispone de un salario digno, es decir, que no sea prácticamente un sueldo de caridad o de miseria, tampoco.
Además, contar con el bono social térmico (calefacción), pasa por tener reconocido el eléctrico. La puerta de entrada es siempre solicitar el bono social eléctrico, en sus plazos y siguiendo los procedimientos establecidos. Es decir, si no se tiene el primero, tampoco tendrás el segundo.
Más datos. El mínimo por hogar, siempre que haya “disponibilidad presupuestaria”, es de 25 euros. A esa cantidad se le sumarían otros importes en función de la zona climatológica. Conjuntamente, quienes sean vulnerables severos con ingresos aún inferiores o estén en riesgo de exclusión social, recibirán un 60% más que los consumidores vulnerables. Pero la cifra final que se puede recibir es una gran incógnita.
Con todo eso, se nos dice que estará prohibido cortar la luz si estás en una situación de vulnerabilidad. Lo que pasa, es que ya así está recogido en la cuestión de los desahucios, y estos siguen existiendo y poniéndose en práctica sin mesura.
El dilema sigue siendo el mismo del principio, no se puede encender la calefacción porque no llega el salario, o la pensión que entra en la casa no da para ello.
Con estas medidas no se ataja el problema de verdad, sólo se van generando parches, aunque a corto plazo se vayan arreglando los problemas de algunas familias. Lo que nos obligaría a mirar más allá de presentar estas subvenciones para atajar el problema de raíz.
¿La solución? Dejar de especular con el precio de la energía, ir caminando hacia un nuevo modelo energético, fomentar y favorecer la participación ciudadana en el control público de la energía, basar la principal fuente de creación de energía en las renovables y aspirar a instaurar un modelo de titularidad pública que garantice el acceso de la mayoría social a la energía. Estas son algunas de las soluciones que debemos marcarnos como objetivos. Unos objetivos no sólo a corto plazo o sólo para unos pocos, sino unos objetivos que aspiren a la nacionalización de la producción eléctrica en base a la resolución de necesidades energéticas de la ciudadanía, especialmente de aquella que menos medios dispone para acceder a electricidad, calefacción y otras formas de energía que garantizan y salvaguardan los principales derechos de los que nos dotamos.
