El secretario regional del Sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha denunciado que «en Castilla-La Mancha hay 21.000 trabajadoras y trabajadores afectados por el bloqueo por parte de las patronales durante dos años en la negociación del VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a la Dependencia», según datos de finales de 2017, entre los 250.000 censados en toda España.
Monforte ha participado este miércoles en la Conferencia Sectorial del Sector de Dependencia celebrada en Madrid, en la que se ha abordado para la situación actual del sector en las diferentes comunidades autónomas y los efectos del bloqueo del VII Convenio Colectivo Estatal por el que se rigen todas las trabajadoras y trabajadores del ámbito de la Dependencia.
El responsable del sector en FeSP UGT CLM ha señalado que a pesar de las expectativas creadas en el empleo por la Ley de Dependencia y tras 12 años de vigencia «nos encontramos que dicha Ley se ha convertido en 17 leyes, pues cada CCAA ha desarrollado su normativa para la aplicación», ha informado UGT en nota de prensa.
Ante la «inexistencia» de suficiente dispositivo público, se tuvo que dar entrada al Sector Privado tanto para residencias como para el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia. «Estas empresas creyeron ver el maná con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, ofertando gran número de plazas a las Administraciones, pero aterrizó la crisis y con ella los recortes a las Administraciones y estas a sus proveedores, y estos a sus trabajadores», ha afirmado.
Las empresas al no obtener los ingresos esperados, han utilizado el camino más sencillo para la obtención de beneficios, descolgándose de los Convenios que regulan el Sector, «cuyas consecuencias son el aumento de jornada; la disminución de salario; el recorte de derechos y el recorte de contrataciones estables», ha explicado Monforte.
Como consecuencia de estas medidas «los trabajadores están sufriendo no solo unos recortes abusivos tanto en derechos como en salarios, también una sobrecarga de trabajo físico como mental, pues ante la falta de personal no siempre pueden dedicar el tiempo necesario a cada usuario», ha denunciado el responsable de FeSP UGT CLM.
«Ante esta dejación tan irresponsable por parte de las administraciones –ha lamentado Monforte– nos encontramos con que hay empresa que concursan y, tras la adjudicación del Servicio, al mes siguiente se descuelgan del convenio, reduciendo salarios y aumentando jornada».
Como estas medidas no son suficientes han decidido ir más allá y argumentando la falta de liquidez, «en Castilla-La Mancha nos encontramos con empresas que incumplen el convenio en su artículo 34 sobre la obligación que tiene la empresa de facilitar calzado adecuado así como ropa adecuada para atender a los usuarios de dicho servicio, dentro de este punto también se incumple todo lo relacionado con la salud laboral, teniendo las Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio que comprarse los uniformes», precisa el responsable sindical del sector sociosanitario en la región.
«Nos vemos abocados a recurrir en varias ocasiones tanto a los órganos de mediación como a la Inspección de Trabajo, Tribunales Autonómicos y Audiencia Nacional, fallando a favor de los trabajadores y reponiendo los derechos sustraídos», ha asegurado el responsable de FeSP UGT CLM.
Como consecuencia de estas situaciones «desde FeSP UGT CLM queremos que la sociedad visualice la situación de precariedad en la que se están dando los servicios acordados como prestaciones del Sistema, dentro del marco de la Ley de Dependencia y pedimos desde aquí una serie de medidas que garanticen dichas prestaciones».
Monforte lo fija en la «revisión urgente de las ratios para actualizarlas a los diferentes grados de dependencia; incluir en los pliegos la exigencia de cumplimiento del Convenio de aplicación y motivo de extinción inmediata de la concesión su incumplimiento; excluir de los concursos públicos a aquellas empresas que han comunicado el descuelgue del convenio; limitar la bajada económica a un 5% del proyecto y la modificación de la tabla de puntuación de los pliegos de condiciones cuando son Centros de las Administraciones Públicas que pasan a ser gestionados por empresas privadas».
Sobre este último aspecto, el responsable de FeSP UGT CLM ha precisado «que en el cómputo total pese más el proyecto técnico y de calidad que el económico, cosa que en Castilla-La Mancha no se está respetando, ya que tenemos el ejemplo de los pliegos de la Residencia de Mayores ‘El Castillo’ de Almansa, donde la Administración valora el 80% el precio y el 20% los servicios técnicos y mejoras».
Finalmente ha recordado que FeSP-UGT es una organización que representando a los trabajadores/as del Sector de la Dependencia que «quiere garantizar un trabajo de calidad para poder ofrecer una atención de calidad; por lo que nos marcamos unas líneas rojas en las negociaciones de Convenios Colectivos del Sector, tales como: fijar tres áreas de trabajo administrativa, asistencial y residencial como claramente diferencias; definir las funciones por categorías profesionales y diferenciar entre gerocultoras y limpiadoras; la revisión salarial, la revisión de ratios en función del grado de dependencia y plasmar la obligación de las Administraciones para que velen por el cumplimiento de los pliegos de condiciones y las condiciones de trabajo», ha concluido Monforte.
