El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado alguna de las líneas maestras del documento que plasma la postura común que la Comunidad Autónoma quiere blindar con el sector primario de cara a defender los intereses de la región en la futura negociación de la Política Agraria Común (PAC) en Europa, que pasan por limitar ayudas, abogar por un reparto más redistributivo, respetar una mínima ayuda por hectárea o garantizar el relevo generacional.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios antes de participar en un foro con representantes del sector en el que ha estado presente el administrador de la Dirección General de Políticas Internas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que participa como ponente en esta cita.
Martínez Arroyo ha indicado que este documento de posición es el primero de este tipo que se aprueba en España, y nace del debate y el consenso con agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias y cooperativas, además de asociaciones de consumidores y el sector de la distribución.
MASSOT: «EL DEBATE DURARÁ MÁS DE UN AÑO»
De su lado, Albert Massot ha avanzado que este debate durará más de un año y medio, y aún está por decidir si la decisión final se tomará antes o después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.
Para esta decisión, «se tendrán en cuenta todas las posiciones» sin dejar de lado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea repercutirá en 12.000 millones menos de ingresos.
Por ello, si no se incrementa el presupuesto, «habrá que recortar», y la PAC, al ser una de las políticas que más fondos recibe de las cuentas europeas, será una de las partidas que se verán resentidas.
En este punto, ha propuesto poner techos de ayudas a las grandes empresas en favor de las pequeñas y medianas, aunque ha reconocido que hay «muchas posibilidades» de ajustar las cuentas.
