El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido explicaciones este lunes en Albacete, sobre una supuesta trama de agua en Murcia, donde el Partido Popular habría colaborado para que una constructora obtuviera un beneficio de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras (Cartagena), y que se ha conocido tras un extenso informe de más de 200 folios, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
A este respecto, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que de ser cierto este “pelotazo” sería una “cuestión muy grave” a la que “habrá que dar respuesta porque es dinero público” el que se habría empleado en su construcción.
Y es que, según ese informe, publicado por varios medios de Murcia, habría implicados altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados, que habrían «amañado» la adjudicación de la planta y que después habrían cargado sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando para ello contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
Según el consejero, esto pone de manifiesto que con el agua “se ha hecho negocio» y se sigue haciendo y que muchas veces «no han sido transparentes sino turbios, y que no se han beneficiado el conjunto de los ciudadanos sino unos pocos”.
Por ello, ha insistido en pedir que se den “todos los datos posibles para saber qué ocurrió” y que si hay responsabilidades que se depuren y se “reconozcan” por parte de quien haya formado parte de este presunto fraude.
