Las agresiones a profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha –tanto verbales como físicas– han alcanzado las 103 hasta el pasado 7 de mayo de 2018, una cifra «estable» respecto a las que se produjeron en este ámbito durante el pasado ejercicio.
Así lo ha adelantado este martes en la Comisión de Sanidad de las Cortes el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Íñigo Cortázar, quien ha detallado que de las 103 registradas este año, 56 se produjeron en el ámbito hospitalario y 47 en Atención Primaria.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se registraron 340 incidentes entre profesionales sanitarios de la región y usuarios, 184 de ellos en el ámbito hospitalario, 155 en Atención Primaria y una en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, tal y como ha comentado.
No obstante, y aunque la cifra de agresiones sea «bastante estable» respecto al año anterior, Íñigo Cortazar ha explicado que un repunte o aumento de casos «no supone un incremento de la violencia» sino la existencia de mayor número de denuncias.
En este punto, ha citado que entre las principales líneas de actuación figura el Observatorio contra la Violencia, donde están presentes, junto al Sescam, los colegios profesionales, sindicatos y la Delegación del Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde el «ambiente de cooperación está siendo muy positivo».
También la mejora de la protección jurídica a los profesionales afectados mediante servicios de asesoramiento jurídico de asistencia letrada 24 horas al día todos los días del año, así como la personación en todos los episodios de agresión física a los profesionales, eliminando el requisito de habilitación expresa por parte del Consejo de Gobierno para hacerlo «más ágil».
Cortazar ha detallado, además, que se han revisado los dispositivos de seguridad, los botones antipánico y las cámaras de seguridad y que, tras haberse descentralizado el servicio en 2013, la intención es la de acometer una «profunda revisión» de lo que existe para «establecer los estándares mínimos para que las gerencias contraten como mínimo con este estándar y, a partir de ahí, mejorar la protección pasiva» de los profesionales.
CONDICIONES LABORALES SESCAM
Además de las agresiones a profesionales sanitarios, el director general ha hablado de las mejoras en las condiciones laborales del Sescam, punto en el que ha comparado el trabajo llevado a cabo desde 2015 con el que realizó el PP entre 2011 y 2015, cuando se produjo una «interrupción abrupta» de las mejoras que supuso la transferencia de la sanidad para la región, citando como ejemplo de ello distintos exámenes y concursos de traslados, que se dejaron de convocar en esas fechas.
Entre las mejoras acometidas ha mencionado la estabilización del empleo, que ha permitido reducir un 63 por ciento la eventualidad en el Sescam o la recuperación total de las retribuciones salariales para todos los profesionales del servicio público de salud, tras el recorte del 3,8 por ciento sufrido en la anterior legislatura.
Finalmente, ha señalado que actualmente el Sescam cuenta con más de 25.410 profesionales, la tercera plantilla más alta en su historia, solo superada en 2010 y 2011, y ha hablado de las convocatorias de sucesivas Ofertas de Empleo Público, siendo la de 2016 la primera tras siete años en los que no se habían convocado, a la que seguirán las de 2017, 2018 y 2019.
«UNIFICAR ACTUACIONES»
Tras su intervención, la diputada de Podemos, María Díaz, ha recordado que en los últimos cinco años se han registrado casi 2.000 agresiones a sanitarios en la región, la última en marzo de este año en un centro de salud de Almagro, animando a «unificar actuaciones y que los protocolos no se queden simplemente en papel».
«Es nuestra responsabilidad cuidar a quien nos cuida», ha destacado Díaz, que sobre las condiciones laborales del Sescam ha reconocido que «se ha hecho mucho» pero también «que queda mucho por hacer», como por ejemplo en lo que al personal de Atención Continuada se refiere, poniendo como ejemplo el modelo de Navarra.
Desde el PSOE, la parlamentaria Ana Isabel Abengózar ha valorado la apuesta por la «prevención de la violencia» del Ejecutivo actual en el Sescam, así como «la mejora» en las condiciones del personal sanitario en comparación con la legislatura anterior.
PP: NO HAY «HECHOS CONCRETOS»
Por su lado, el portavoz de Sanidad del PP, Carlos Velázquez, ha manifestado que la región es «la cuarta comunidad autónoma donde más agresiones se producen», instando al Ejecutivo a que se mejore la seguridad de estos profesionales, ya que el asesoramiento jurídico y la línea de atención 24 horas son «medidas a posteriori», y demandando un botón antipánico y un sistema de viodeovigilancia de 24 horas e incluso seguridad privada.
A su juicio, el Observatorio «es una verdadera declaración de intenciones pero no se traduce en ningún hecho concreto que mejore la seguridad de los profesionales», añadiendo que el Gobierno en esta materia solo realiza «anuncios y planes» y que «trabajar con miedo no se puede».
En cuanto al segundo punto de la comparecencia, ha criticado que muchos profesionales «se tienen que marchar y decir que no a contratos en Castilla-La Mancha» porque las condiciones de regiones como Madrid «son mucho más atractivas», y ha vuelto a exigir la puesta en marcha del reconocimiento de la carrera profesional a los profesionales de la Consejería de Sanidad y del Sescam.
Igualmente, y de cara al verano, Velázquez ha mostrado el «miedo» que existe a la «ausencia de sustituciones», un tema «especialmente delicado» en la Atención Primaria, defendiendo que «todas las sustituciones estén cubiertas».
