En el desayuno informativo del día 28 de diciembre el presidente regional García-Page ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral, con el fin de aumentar el número de diputados regionales hasta 35, el máximo que establece la norma.
La diversidad de Castilla-La Mancha hace necesario incrementar el número de diputados regionales y situarlo a niveles parecidos al de otras autonomías. Nuestra región cuenta con un número muy pequeño de representantes si lo comparamos con el de los parlamentos autonómicos de las regiones con un número de habitantes similar al nuestro, unos dos millones. Castilla y León, Galicia o País Vasco tienen más del doble de diputados que los 33 que conforman hoy en día nuestras Cortes regionales.
Algunas formaciones políticas entienden que el cambio en la Ley Electoral de la región tiene que ser profundo y que debe hacerse a través de una reforma del Estatuto de Autonomía. Pero, si tenemos en cuenta que con la actual composición del Congreso de los Diputados la modificación del Estatuto de Autonomía se antoja ciertamente difícil, parece razonable pensar que habrá que abordar, de otra manera, la reforma de la Ley Electoral de nuestra región, para hacerla más justa y representativa.
La última reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha (Ley 4/2014), supuso una disminución de los diputados regionales, adecuando el número de estos a la horquilla que establecía la última modificación del Estatuto de Autonomía (de 25 a 35 diputados). La norma estableció en 33 diputados el número de parlamentarios que conforman las Cortes Regionales, distribuidos de dos formas, por un lado, se asignan 3 diputados a cada una de las cinco provincias, y, por otro, los 18 diputados restantes, se distribuyen en función del número de electores por cada provincia.
Nuestra Ley Electoral establece algunos aspectos que son de interés para el propio sistema de partidos de la región. Así, encontramos que la circunscripción electoral es de carácter provincial, o lo que es lo mismo, que la asignación de diputados se realiza en función de los sufragios válidos que se obtienen en cada provincia. Modificar esta realidad, y caminar hacia una circunscripción única, es complicado que se produzca por motivos estatutarios. Cabe un camino intermedio, y es que sea solo algún número de diputados el que se distribuya en función de una circunscripción única, pero esta posibilidad también es poco probable, y poco o nada usada en el resto de regiones.
La segunda opción podría ser la modificación de la denominada «barrera electoral», que señala que, para poder entrar al reparto de escaños, una candidatura debe contar con al menos un 3% de los votos válidos emitidos en una provincia. Esta sí es una modificación posible, que se da en otras regiones como Galicia, por ejemplo, con una barrera electoral del 5%. No obstante, consideramos difícil que dada la actual composición del Parlamento regional llegue a ser una realidad.
La tercera posibilidad es cambiar el número de diputados que se asignan a cada una de las circunscripciones electorales. Actualmente se establecen 3 diputados por cada provincia, pero este número puede ser superior o inferior. Un ejemplo significativo es el caso de las provincias vascas, que cuentan cada una con 25 diputados, aunque las diferencias de población entre ellas sean más que notables. En el caso de Castilla-La Mancha, para tener algún efecto, el cambio debería ser de una cifra entre seis o siete diputados “fijos” por cada provincia, dado que el número con el que contaron Guadalajara y Cuenca, en las elecciones de 2015, fue de 5 diputados. Con este cambio, el aspecto poblacional pasaría a tener escaso o nulo efecto en el sistema electoral.
La cuarta modificación posible es la ampliación de 33 a 35 diputados, respetando los tres diputados por provincia y repartiendo 20 diputados entre las circunscripciones provinciales, en función de sus electores. En ese caso, se mejoraría levemente la proporcionalidad del sistema. Si tomamos como referencia las elecciones de 2015, este cambio implicaría que un diputado se asignaría a la provincia de Albacete, donde Podemos lograría un diputado más y otro se asignaría a la provincia de Toledo, donde Ciudadanos lograría un diputado. De esta manera, el resultado electoral hubiera sido: Partido Popular 16; PSOE 15; Podemos 3; Ciudadanos 1.
En las pasadas elecciones, el Partido Popular logró 413.349 votos y 16 diputados; el PSOE obtuvo 398.104 votos y 15 diputados; Podemos consiguió 107.463 votos y 2 diputados; Ciudadanos tuvo 95.230 votos y 0 diputados; mientras que Ganemos-LV-IU logró 34.230 votos y 0 diputados. Estos datos ponen de manifiesto que la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha es una de las cuestiones que va a poder abordar el Gobierno regional en 2018 y que puede marcar, tanto si se modifica como si no, la composición de las próximas Cortes regionales y por ende el próximo gobierno de Castilla-La Mancha.
