La Fiscalía Provincial de Toledo ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital regional el sobreseimiento de la causa que investiga si hubo prevaricación en la adjudicación del contrato de basuras de la capital toledana a la empresa Sufi, filial de Sacyr, adjudicación que el extesorero del partido Luis Bárcenas vinculó a una «mordida» de 200.000 euros que según su versión fueron a pagar gastos de la campaña electoral en Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal en el año 2007.
Esa supuesta mordida, según apuntaba Bárcenas, se recibían a cambio de la adjudicación de este contrato de basuras en Toledo cuando gobernaba el ‘popular’ José Manuel Molina.
Se trata de una pieza separada del ‘Caso Gürtel’ denominada ‘Expediente Servicio de Limpieza Toledo’, de la cual se inhibió el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En sus razonamientos jurídicos, el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, argumenta que la instrucción debe considerarse completa y suficiente, «pues con lo actuado se tienen sobrados elementos de juicio para valorar jurídicamente las actuaciones administrativas».
«Analizados los actos administrativos estudiados, no parece viable su calificación como hechos delictivos en los términos exigidos en el tipo penal, y ello sin entrar a valorar la regularidad o irregularidad de la actuación por no ser labor de nuestra competencia», indica el fiscal.
Añade en cuanto a las actuaciones administrativas estudiadas que «no parece viable su calificación como hechos delictivos en los términos exigidos en el tipo penal, ello sin entrar a valorar la regularidad o irregularidad de la actuación» por no ser labor de su competencia.
También incide en que el protocolo de esta adjudicación y su ratificación «quedaría avalado por una circunstancia aparentemente contradictoria, como es el acuerdo de noviembre de 2007», que dio luz verde a este contrato, ya con un nuevo equipo de Gobierno del PSOE.
«En cualquier caso, la omisión de trámites normativos en la actuación, por sí sola, jamás podría constituir un supuesto prevaricador», añade la Fiscalía.
Recuerda igualmente el contexto histórico de la adjudicación, con una huelga en los servicios de limpieza «unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo, como es el Corpus Christi», lo que entiende en fiscal como «suficiente acicate para flexibilizar exigencias de los negociadores».
