Castilla-La Mancha ha vuelto a niveles de 2011 en cuanto a la prestación de los servicios derivados de la Ley de Dependencia, si bien mantiene a 23.210 personas en el llamado «limbo de la dependencia» por encima de la media española hasta el 36%. En todo caso, este año vuelve a disminuir ese nivel en 6 puntos tras una incorporación de 935 nuevas personas.
Todo ello hace que la tasa de descenso del limbo en Castilla La Mancha, aunque éste se sitúe todavía por encima de la media estatal, avance a un ritmo en tendencia paralela a la que se viene dando en toda España desde julio de 2015, según datos ofrecidos este viernes por el Observatorio de la Dependencia.
En un año, se ha duplicado el incremento de personas valoradas y ha aumentado en 1.000 personas más las incorporaciones al derecho reconocido datos ambos que representan un notable cambio de tendencia. El mayor incremento se ha registrado en Castilla La Mancha en este periodo, y el número de servicios entregados aumenta un 20%.
1.300 EMPLEOS DIRECTOS
Esto ha supuesto, según los cálculos del Observatorio, no menos de 1.300 empleos directos con una tasa de 33 empleos directos por cada millón de euros invertido, la mayor tasa desde 2010. La aportación del Estado para la atención a la dependencia en Castilla La Mancha sigue por debajo del 20%, mientras que la Comunidad asume el 67% del coste del Sistema, y el 13,9% restante lo asumen los usuarios por copago.
Son un total de 28,3 millones de euros los que Castilla La Mancha dejó de recibir del Estado en 2016, como consecuencia de la supresión del Nivel Acordado y la reducción de un 13% del Nivel Mínimo de financiación estatal, aprobado en julio de 2012, tal y como recuerda el observatorio.
TERCERA MEJOR NOTA
Pese a la mejora, la región se sitúa por encima de la media nacional en la tasa de lista de espera en Dependencia, con un 35,96%, según este XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. No obstante, la región, con 758,03 euros, se sitúa por encima de la media nacional en dinero invertido por habitante potencialmente dependiente.
En cuanto a la nota que Castilla-La Mancha obtiene por la gestión de la Dependencia se sitúa en un 6,79. Así es junto con Andalucía la tercera mejor región, por detrás de Castilla y León, que saca un 8,93 y La Rioja, que consigue un 7,86.
En base a este Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, que unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención,
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69 por ciento, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%.
CASTILLA Y LEÓN TIENE LA MENOR LISTA DE ESPERA
En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe.
«En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones», denuncia el Observatorio.
Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes señala que «el recorte acumulado» de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 «es de 3.734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares».
En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido «casi mil millones de euros», recortes estos que además, «supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema», según el observatorio.
CANTABRIA, LA QUE MÁS INVIERTE
Al cierre del año pasado, la comunidad autónoma donde más dinero se invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con 906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros. Les siguen por encima de la media nacional, que está en 554,97 euros, La Rioja, que destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid, donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros; Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros.
En el lado opuesto, Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73; Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a 424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en 484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la media nacional.
«Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio», dice el informe.
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) «lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%»
«Existe otro «copago añadido» soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados», señala la organización.
