El informe sobre la fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 –ejercicio en el que María Dolores de Cospedal fue relevada al frente del Gobierno por Emiliano García-Page– apunta a que la deuda viva de la Comunidad Autónoma pasó de 6.965 a 13.426 millones de euros desde el año 2011. Con este dato, tal y como explica el Tribunal de Cuentas, la deuda se elevó al 35,8% del PIB, a 0,4 puntos del máximo permitido.
Tal y como se especifica en este informe y argumenta María Dolores de Cospedal en sus alegaciones, la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y medidas como «el esfuerzo de consolidación presupuestaria, la optimización de la gestión de la cartera de deuda y los menores intereses a satisfacer por la adhesión al FLA» provocaron un ahorro de más de 273 millones en 2015.
En cuanto al déficit, la Comunidad Autónoma se situó en el 1,59% del PIB, lejos del objetivo del 0,7% –605 millones de euros–.
200 MILLONES DE GASTOS IMPREVISTOS
En el informe del grado de cumplimiento de los objetivos de deuda remitido por el Gobierno regional al finalizar 2015 se justifican gastos imprevistos a lo largo de la segunda mitad del ejercicio por un valor cercano a los 200 millones de euros, en gran parte por la ejecución de sentencias.
Así, a través de la empresa pública Gicaman, se abonaron 30 millones de euros derivados de acuerdos extrajudiciales por paralizaciones de obras llevadas a cabo entre 2011 y 2014; mientras que desde Fomento se abonaron 33,5 millones de euros por el mismo motivo.
Además, se tuvieron que pagar 34,6 millones de euros por la readmisión de los interinos «cesados irregularmente» en la pasada legislatura.
Como otros gastos imprevistos se apuntan cerca de 40 millones de euros para abonar terapias a pacientes de Hepatitis C; y cerca de 60 para satisfacer la mitad de la paga extra suprimida a los empleados públicos en el año 2012.