Este mes de marzo se han cumplido 30 años de la aplicación de la PAC en España, tras su adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y si hay alguien que es consciente de la importancia de formar parte de ella, ese es el agricultor, que está desde entonces pendiente de la evolución de la que es, probablemente, la única política común, la PAC. Es, sin duda, un buen momento para hacer un repaso a lo que ha sido esta política y lo que puede ser en un futuro.
A pesar de la importancia real en términos económicos y en el impacto en los mercados agro alimentarios, de alguna manera no hemos sido capaces de otorgarle a la PAC la relevancia social que merece, en España y, en particular, en Castilla-La Mancha, donde prácticamente toda la población, directa o indirectamente, está relacionada con el sector agrario.
En definitiva, hay que buscar la justificación social de la política y, un paso más allá, hay que saber transmitir a la ciudadanía esa justificación social. Porque en la medida en que decimos que los agricultores y ganaderos reciben, en toda España, 6.000 millones de euros al año a través del primer pilar de la PAC , las ayudas directas, no estamos transmitiendo hechos que resulten positivos a los ciudadanía en su conjunto. En la medida en que seamos capaces de dirigir los mensajes a que gracias a la PAC tenemos el mejor sistema alimentario del mundo, con la mayor seguridad alimentaria, con las mejores condiciones ambientales, con el territorio mejor cuidado, con los mejores valores intangibles, estaremos ganándonos a la opinión pública europea y española, para la causa de una política que es de pura justicia para nuestros agricultores y ganaderos.
Centrándonos, aunque sea brevemente, en lo que ha sido la PAC estos últimos 30 años, el balance tiene que ser muy positivo. Gracias a que ha existido la PAC tenemos hoy la agricultura y la ganadería que tenemos. Independientemente de las dificultades a las que se ha enfrentado en estas tres décadas, sigue sobreviviendo y ha permitido la modernización real del sector agrario, en acceso a la maquinaria, la tecnología o la reestructuración, por ejemplo, de bodegas, almazaras o cooperativas.
Pero, como decíamos, volvamos un poco la vista atrás. Las cuestiones, quizá, más conflictivas para España, allá por 1986, fueron el cierre temporal de las fronteras para nuestros productos o el establecimiento de cuotas o limitaciones a la producción. Y, probablemente, el peaje más caro -y que se ha mantenido hasta hace bien poco- que pagó este país por entrar en la entonces CEE fue la cuota láctea. España consume 9 millones de toneladas de leche y la cuota que se le impuso fue de 6 millones. Evidentemente, el resto los 3 millones restantes han venido de fuera. Al margen de este tema, para el que hay todo tipo de opiniones -y mas aún este año, con la situación crítica de muchas explotaciones tras la desaparición de las cuotas- el balance tiene que ser enormemente positivo -nadie hubiera podido imaginar un nivel de apoyo para el sector agrario similar solo con fondos nacionales-.
Desde el año 1986 hasta hoy se han dado muchos pasos, y la PAC ha evolucionado de un sistema de garantías basado en mecanismos de intervención pública, subsidios a la exportación o derechos o limitaciones a la producción, a otro basado en pagos directos a los agricultores, en la mayor parte de los casos, desvinculados de la producción. Y en cuanto a la gestión de los mercados, esta ha quedado reducida al impulso -tímido e insuficiente- que se le ha dado a las organizaciones de productores e interprofesionales Agroalimentarias.
Volviendo a la actualidad, la reforma más reciente, a la que ya hemos dedicado otras entradas en este blog, que pretendía la convergencia total de las ayudas por hectárea en la Unión Europea y el impulso a los condicionantes medioambientales para recibir las ayudas, se ha quedado a medio camino de los objetivos. Incluso, al dejar en manos de los Estados Miembros muchas de las decisiones sobre su aplicación, en el caso de España se ha mantenido la vinculación a las producciones históricas, y se ha limitado enormemente la convergencia -intentado evitar las transferencias de fondos entre CCAA y sectores-, lo que no es si no, un aplazamiento del problema hasta 2020, momento en el que, previsiblemente, la Comisión Europea, volverá a la carga con la convergencia. Además, se han desvirtuado, en la negociación, conceptos como el del pago verde o el de agricultores activos.
Dejo para el final, una reflexión importante. En breve se iniciará una revisión intermedia de la PAC y, como ha ocurrido siempre, se sucederán las reformas según pasen los años. Es importante que se trabaje a nivel nacional en una posición negociadora para cuando llegue el momento. Y para esa posición, hay que contar con las CCAA. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha vamos a tener una posición realista, clara y contundente, y antes del verano, vamos a convocar a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, y a las organizaciones más representativas, a los primeros foros de diálogo para tratar este asunto e intentar consensuar una postura de cara a la próxima revisión intermedia de la PAC que, probablemente, será en 2017, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional.
Y la posición deberá pasar por el apoyo a los agricultores profesionales, a los jóvenes, fomentando el relevo generacional, y limitando las ayudas por encima de los 150.000 euros. Esto no es si no una declaración de intenciones de calado. Y no podemos ni debemos fallar. Se lo debemos a nuestros agricultores y ganaderos que esperan de nosotros, propuestas y soluciones.
Francisco Martínez Arroyo
consejero de Agricultura
