La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha animado a los técnicos y representantes de entidades del sector de la dependencia a “enriquecer el contenido del nuevo decreto de procedimiento”, cuyo grupo de trabajo se ha constituido en la sede de la consejería con el objetivo de “agilizar la tramitación de la dependencia en la región”.
La primera reunión de la comisión de trabajo del nuevo Decreto de Procedimiento ha estado presidida por la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra; el gerente del CERMI C-LM, José Antonio Romero; la presidenta de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en C-LM, Aurelia Jerez; la jefa del servicio de Dependencia, Ana Rosa Muñoz; y los técnicos María José Sánchez, Pedro Manchón y María Angeles González.
El nuevo decreto será el segundo que establezca el marco normativo de la Dependencia en la región y tiene por objeto “regular el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha”.
En su articulado fijará el procedimiento para valorar la situación de dependencia y obtener el grado de valoración de la persona dependiente, además del programa individual de atención (PIA) para asignar un servicio o prestación a esa persona, una vez obtenido el grado.
Novedades en el nuevo decreto
Como novedades, el nuevo decreto va a partir de una única solicitud por parte de la persona solicitante, que impulsará de oficio los dos procedimientos, el de valoración y el de asignación de prestación, además de eliminar la obligación de aportar documentación innecesaria o que pueda recabar la Administración por sus propios medios.
El nuevo texto regulará la prioridad de tramitación de los procedimientos para los menores de tres años y las situaciones de urgencia y regulará el trámite de consulta con la persona dependiente para la asignación del recurso o prestación más adecuada, de forma personalizada y consensuada.
En su articulado, el nuevo Decreto de Procedimiento potenciará la figura del trabajador social como profesional de referencia del entorno de la persona dependiente, en el proceso de asignación de servicio o prestación más adecuada para la atención de la persona que desea incorporarse al sistema de atención a la dependencia.
Los miembros de la comisión de trabajo han coincidido en la necesidad de eliminar “órganos innecesarios”, como la Comisión Regional de Valoración o el trámite de requisitos que dificultaban el acceso a las prestaciones, tales como el certificado de idoneidad, que con la anterior normativa tiene que obtener el cuidador familiar para tener acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
Casi un año después de la sentencia del TSJCM
La constitución de la comisión de trabajo se produce casi un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) hiciera pública el 9 de abril de 2015 la sentencia que declaraba nula de pleno derecho la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno del PP en la región, que en 2013 modificó las prestaciones de la Dependencia.
La sentencia establecía que la Orden de 29 de julio de 2013 del catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia era nula, al estimar el recurso que presentó la Plataforma de Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha aduciendo que se omitió para su aprobación un informe del Consejo Consultivo regional.
Tras el vacío legal creado por esta sentencia, el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó el Decreto 3/2016 que el DOCM publicaba el pasado 26/01/2016, por el que se establece el Catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable.
