El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, con las que el Gobierno regional fomenta objetivos sociales comunes y contribuye a lograr una sociedad más justa y solidaria.
La instrucción, que fue aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno, surtirá efectos a los veinte días de su publicación en el DOCM, por lo que será de aplicación a los expedientes de contratación que se aprueben con posterioridad a esa fecha.
Las cláusulas sociales que se incluyen en la instrucción están encaminadas a mejorar la protección del medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social.
Una de las principales novedades que supone la aprobación de esta instrucción es la posibilidad de que la Administración regional pueda resolver el contrato o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria en el caso de esta incumpla algunas de las cláusulas sociales recogidas en el expediente de contratación.
Entre las causas específicas de resolución de un contrato la instrucción incluye el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses; el abono de salarios a los trabajadores por debajo de lo establecido en el convenio colectivo; el incumplimiento del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores y el impago de las cuotas de la Seguridad Social.
Las cláusulas sociales que serán de obligatoria inclusión para todos los contratos del sector público regional son, entre otras, la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales. Igualmente, en los pliegos de prescripciones técnicas se garantizará que los productos o servicios son accesibles para las personas con discapacidad y que todos los documentos que formen parte de los expedientes de contratación utilizan un lenguaje no sexista.
Habrá otra serie de cláusulas sociales que serán obligatorias en función del tipo de contrato, como, por ejemplo, que en las nuevas contrataciones de personal durante la ejecución del contrato se respete la normativa que en materia de empleo establece los colectivos prioritarios, es decir, se contrate a las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.
Entre este tipo de cláusulas también se incluye garantizar durante la vigencia del contrato la igualdad entre mujeres y hombres; adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género y establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.
La instrucción, elaborada por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, también recoge un tercer tipo de cláusulas, que son de carácter voluntario y que varían en función de cada contrato, entre las que se encuentran la reutilización o reciclaje de envases y productos usados, su correcta eliminación a través del gestor autorizado y la recogida selectiva de residuos.
Esta instrucción será de aplicación a los contratos que celebre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y el resto de entes y entidades que integran el sector público regional, quedando excluidos del ámbito de aplicación aquellos realizados a través de la adhesión al sistema de contratación centralizada de otras administraciones públicas y los contratos menores.
